Ayotzinapa, ¿a quién protegieron?

A casi ocho años de que ocurrieron los hechos, ayer apareció una información que habla de que al día de hoy existen muchos elementos para afirmar que la llamada Verdad Histórica -sobre la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa- de Enrique Peña Nieto, no es real y que hay bastantes elementos para haber llegado a esa con conclusión.
Lo anterior fue sostenido por el chileno Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El abogado investigador agregó que la Secretaría de Marina fue quien proporcionó un video de información, con el cual el GIEI concluyó que dicha institución manipuló pruebas.
Elementos de la misma estuvieron presentes antes de la llegada de peritos de la entonces Procuraduría General de la República y del Equipo de Antropología Forense.
Muchos podrán recordar que después del crimen masivo de estudiantes o de la desaparición de 43 normalistas, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha, también comenzaron a producirse hechos que enrarecieron el ambiente para la investigación, notoriamente con el propósito de que ninguna autoridad llegara a la verdad, por más que se aplicara a realizar una indagatoria profunda.
Tanto las autoridades federales como las locales, mostraron tardanza en atender el delicadísimo asunto y luego se echaron la culpa, en cuanto a qué autoridad debería encargarse.
Transcurridos los días, los informes se hicieron cada vez más confusos y acabaron dando la sospecha de pretender proteger a los autores intelectuales, porque el fondo estaba tapizado de droga, con la obvia presencia del narcotráfico, pero también del Ejército.
Es decir, se dejaba ver que la verdadera intención era ocultar la presencia de algún político de mucho poder, enredado en esas prácticas. Se habló de que el Ejército actuó en obediencia a órdenes tajantes de exterminio, para borrar toda huella visible y de esa manera tornar la madeja del crimen imposible de desenredar.
Si así fue, hoy, a casi ocho años, aún no se sabe nada.
Se notó que una autoridad de alta investidura encargó al entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, elaborar una mentira llamada estrafalariamente Verdad Histórica, con un alto contenido de imprecisiones que pronto fueron desvirtuadas por diversas empresas dedicadas a la investigación y por la propia ciudadanía, que comenzó a dar muestras de sospechas fundadas, de que todo era una farsa.
Se realizaron detenciones de delincuentes que presuntamente estaban involucrados, cuyos nombres dejaron rastros en bastantes documentos, pero luego, sorpresivamente fueron puestos en libertad, aun cuando despedían un penetrante olor a culpabilidad. Las acciones que continuaron durante el sexenio de Peña Nieto dieron a entender en todo momento, que forzosamente existía la intención de brindar protección a algún poderoso. Ese tufo aún persiste.
En todo caso ¿qué detiene a las autoridades actuales para requerir ante el ministerio público al propio ex mandatario, para que dé cuenta de todo lo que sabe, además de miles y miles de asuntos de corrupción en los que estuvo necesariamente involucrado?
¿Por qué tienen que estirar el hilo para que se rompa por lo más delgado, cuando todos los indicios conducen al mexiquense?
¿O también durante el presente mandato se trata de proteger a su administración desastrosa, en la que el sello fue la ineficiencia y los multiplicados actos de corrupción? ¿No fue el anuncio de su combate el que propició que 30 millones de mexicanos votaran por el actual Presidente, sólo para que en el transcurrir de los días, los mexicanos también comenzaran a advertir que todo se trató de un engaño y de que hay posible entendimiento?
Junto con el ex mandatario, hay una cauda inmensa de ex funcionarios que hoy gozan de cabal salud y libertad, como el propio Murillo Karam, y otros que están en fuga, en Israel, sin trazas de ser extraditados.
Aclarar, como se prometió en campaña, quedará en eso: en promesa.
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