La solución militar

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

BAJO FUEGO

Política

Diciembre 09, 2018 16:21 hrs.
Política Nacional › México Guerrero
José Antonio Rivera Rosales › codice21.com.mx

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En cosa de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador transitó del retiro de militares de las calles a convertirlos en la pieza angular de su gobierno.

El retiro de los militares fue uno de sus principales postulados de campaña, pero ya instalado en el Palacio de Gobierno el mandatario se percató de que su propuesta era simplemente inviable. Es decir, no podía retirarlos de las calles mientras no existan policías calificadas y confiables.

La creación de la Guardia Nacional con la que se pretende pacificar al país -con apoyo de otros mecanismos de justicia transicional- es ahora la parte medular del gobierno del tabasqueño, pero no necesariamente esto redundará en buenos resultados. En principio, organismos internacionales como Naciones Unidas pegaron el grito en el cielo al recordarle que la imbricación de militares con la justicia civil ha sido desastrosa en otros países, donde se disparó la violación de derechos humanos.

Sin embargo, algunos aspectos de las reformas constitucionales que sustentan la creación de la Guardia Nacional parecen ofrecer una fisonomía positiva cuya eficacia sólo podremos comprobar en la práctica legal.

Por ejemplo, que ningún civil será puesto a disposición de instalaciones militares o, en otro caso, que el personal de la Guardia Nacional estará sujeto a las instrucciones del Ministerio Público y, en tal supuesto, procederá a operar aprehensiones y órdenes de cateo siempre bajo la supervisión de las autoridades civiles.
Con todo, la operación de militares en labores de policías, respaldada plenamente por la ley, se vislumbra inquietante.

Como quiera que sea, López Obrador ya se dio cuenta de que sus propuestas de campaña eran sólo eso: un catálogo de buenas intenciones que difícilmente podrían conjugarse con la realidad.

Ahora, que la Guardia Nacional sea en los hechos el antídoto contra la violencia, está muy lejos de ser una realidad.

Hace meses decíamos en este espacio que, aunque se lo proponga, López Obrador de ninguna manera podrá pacificar al país porque median intereses profundos, diversos y complejos que permiten a la violencia enseñorearse en todo el territorio nacional. Uno de esos principios es, precisamente, el de la ilegalidad como negocio.

Los mecanismos de justicia transicional, como la amnistía, permitirán indultar y/o salir de las cárceles a un número indeterminado de personas con expedientes abiertos, pero no necesariamente coadyuvará a la pacificación. ¿Por qué? Porque las formaciones criminales aprovechan la ilegalidad precisamente para lucrar.

Entonces la solución militar, para funcionar con relativo éxito, tendría que estar sustentada en inteligencia táctica e inteligencia estratégica que permitan desmantelar a los grupos delictivos.

No se trata sólo de capturar a los cabecillas de los grupos criminales, que se multiplican como margaritas en primavera: se trata de desmantelar por completo a las bandas con sus activos, armas, dinero en efectivo, medios de transporte, propiedades y un largo etcétera.

Esta fue la forma de operar en Italia cuando los embates mafiosos comenzaron a rebasar al estado nacional. En pocas palabras, lo que las autoridades italianas hacían era investigar primero las identidades, el personal y los recursos con que contaba un grupo mafioso y, cuando ya contaban con toda la información, procedían a hacer operaciones de detención de decenas o cientos de individuos en diferentes puntos del país.

En lugar de andar ofreciendo indultos a diestra y siniestra, el gobierno mexicano debiera actuar con fortaleza y contundencia para desmantelar a los grupos delictivos que mantienen asolados a grandes sectores del país, lo que no será nada fácil, en especial cuando tenemos a grandes organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De otra forma no saldremos del círculo vicioso porque lo que pasará es que habrá probablemente grandes y pequeñas aprehensiones, pero los cabecillas criminales se seguirán reproduciendo en un ciclo sin fin.

Una de las grandes fallas que se aprecia a distancia en la propuesta de López Obrador es el propósito de integrar inteligencia de estado con inteligencia criminal en una sola dependencia: la flamante Secretaría de Seguridad Pública.

Esta fusión, con la que le amputaron las manos a la Secretaría de Gobernación, sólo permitió el desmantelamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para crear una mescolanza inexplicable. Los resultados se verán más temprano que tarde.

La SSP de Alfonso Durazo Montaño debiera dedicarse a perseguir criminales, mientras que la SEGOB de Olga Sánchez Cordero debiera conocer de la seguridad del estado, que son cosas completamente distintas la seguridad pública y la seguridad nacional.

La Guardia Nacional, que estará integrada por personal del Ejército, Armada de México y la Policía Federal, estará bajo el mando militar, lo que convierte a la seguridad del estado en -como ya dijimos más arriba- una mescolanza extraña.

¿Cómo operará la Guardia Nacional? Bueno, el gobierno dividió al país en 265 zonas o cuadrantes clasificados en regiones de alta incidencia delictiva, que contarán con 500 efectivos de la GN, incidencia media que contarán con 300 elementos y baja incidencia, a las que se asignarán 100 efectivos.

Si bien la identificación de una zona geográfica como un cuadrante de incidencia delictiva parece ser un buen principio, lo único que va a pasar es que los soldados de la GN -porque eso son, soldados con cambio de uniforme- se dedicarán sólo a patrullar e inhibir el delito, como ha ocurrido hasta ahora. ¿Cuál sería el cambio, entonces?

Si la GN, con apoyo de policías estatales y municipales, carece de organismos de inteligencia táctica y estratégica -que estarán operando en la SSP-, entonces nos enfrentamos a una disfunción del estado que tendrá consecuencias imprevisibles.
Dado que la GN dependerá del Ejército Mexicano, entonces sólo contará con el apoyo de la Inteligencia Militar (S2) que, para el efecto, habrá de multiplicar y diversificar esfuerzos para la detección de las células criminales, especialmente de las más peligrosas.

Lo que aquí se avizora es un proceso disfuncional, dispersión de esfuerzos y, probablemente, desgaste excesivo del personal, lo que parece una mala broma. El crimen organizado, sin duda, estará de plácemes.

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