Cifras imposibles
Redacción
El diferendo por la fallida operación de reparto de fertilizante mostró el tamaño de la ruptura entre el gobernador Héctor Astudillo y funcionarios del gabinete federal que, con toda seguridad, tienen engañado al presidente López Obrador.
El caso es que durante una de sus últimas conferencias de la semana, el mandatario salió a decir que el estado de Guerrero recibió inclusive una dotación mayor del insumo, lo que permitirá aumentar la producción de básicos para esta temporada de cultivo.
’Me preocupó porque donde se entregó menos o no se ha terminado de entregar es en la región de la Montaña, que es donde hay más pobreza, porque fue donde hubo más bloqueos’, expresó textualmente el gobernante, citado por la reportera Rosalba Ramírez García de El Sur.
Luego, el mandatario matizó: ’La verdad, duele mucho decir que Guerrero y en especial esa región de la Montaña es donde hay más problemas de desnutrición, para decirlo así de manera muy fuerte, duele, hay hambre, es la región de México con más hambre. De los estados del país, el que tiene más problemas por falta de alimentación del pueblo es Guerrero y esa región de La Montaña’.
Finalmente remachó con un argumento francamente insostenible: ’Contrario a lo que se sostiene por los inconformes, va a aumentar la producción y lo vamos a probar, van a tener más producción este año’.
Lamentablemente el presidente está equivocado, o miente a sabiendas.
El informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), que hace una valoración de los últimos diez años de medición de la pobreza en México, es bastante contundente.
De acuerdo con esta valoración, entre 2008 y 2018 aumentó en 92 mil 600 el número de guerrerenses que ingresaron a las filas de la pobreza. En el mismo lapso los habitantes en condiciones de pobreza extrema sumaron de 23 a 26.8 por ciento del total de los guerrerenses registrados en los padrones censales. Esto es, la cuarta parte de la población total de Guerrero.
Según la misma fuente, en Guerrero el 35.6 por ciento (es decir, la tercera parte de la población total) carece de ingresos suficientes para tener acceso a alimentación, mientras que un 23.2 por ciento (casi la cuarta parte del total) sobrevive como población altamente vulnerable por diferentes carencias sociales.
Estas cifras, que parecen ser sólo notas estadísticas, se traducen en un dato horrísono: 820 mil guerrerenses dependen de los granos producidos por sus parcelas para comer, así sea de manera bastante precaria.
Para quienes desconocen la realidad cotidiana de esas comunidades marginadas -es el caso de estos funcionarios arrogantes e imbéciles- las condiciones de miseria profunda de los pueblos, especialmente los pueblos indígenas, les resulta un universo lejano al que, ni por curiosidad, pretenderían conocer.
¡Y estos funcionarios federales se escandalizan ante la sola mención de la palabra hambruna!
El caso es que, de acuerdo con diversas investigaciones universitarias, son decenas de miles los habitantes, particularmente de los pueblos originarios, que subsisten en condiciones muy parecidas a la hambruna, de tal manera que una merma en los insumos necesarios para producir se traduce en condiciones desesperantes para las familias, especialmente de los niños.
Es claro que desde hace años estamos ante una crisis alimentaria, que se podría agravar a partir de diciembre cuando la cosecha resulte insuficiente para alimentar a esta población agrícola de Guerrero.
Para agravar el problema, habrá que mencionar que existen indicios firmes en el sentido de que hubo una distribución tardía e insuficiente del fertilizante, hay denuncias de que el insumo recibido es un producto coreano de mala calidad y que, para colmo, también hay denuncias sobre un presunto fraude con la supuesta semilla mejorada que repartieron.
De todo lo anterior hay tres responsables con nombre y apellido: Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura; Jorge Gage Francoise, coordinador nacional del Programa de Fertilizante, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado en Guerrero del gobierno de la República.
Este trío de apátridas que cobran como funcionarios de la República aseguran que con la dotación distribuida se cubrió el 94 por ciento de las 403 mil hectáreas dedicadas a la siembra en Guerrero. Es decir, que habrían abastecido a más de 300 mil campesinos.
Eso es imposible. Primero, porque este año se distribuyeron 110 mil toneladas de fertilizante que, en números redondos, constituye apenas el 50 por ciento de las 203 mil toneladas de insumo repartidas en 2018 lo que, en la versión oficial, alcanzó para cubrir las necesidades de 328 mil productores.
¿Cómo podría ser posible que, con la mitad de la dotación, se haya abastecido una cantidad similar de campesinos? Claro, a menos que hayan entregado sólo un bulto por cabeza, lo que de todos modos implica un desabasto por donde quiera que se le vea.
Según datos ofrecidos por el gobernador Héctor Astudillo, quedaron fuera del beneficio cerca de 70 mil campesinos debido al torpe desempeño de los funcionarios ya citados. Pero ni siquiera los datos del mandatario estatal corresponden con la realidad.
Un simple cálculo aritmético nos permite deducir que, si en 2018 se repartieron 200 mil toneladas que abastecieron a 328 mil productores, resulta bastante obvio que con la mitad del insumo apenas se alcanzaría a surtir a unos 160 mil beneficiarios, que es la estimación más cercana al número real de los excluidos. Es decir, al menos el doble de los que cita el gobernador.
En todo caso, la consecuencia de este diferendo parece ser una ruptura institucional entre los gobiernos estatal y federal cuyas consecuencias podrían verse reflejadas en el presupuesto de 2020, si es que López Obrador se empecina en mantener su postura, cuando debería sancionar a los tres bandidos que tiene como colaboradores.
Si esto es así, con un eventual castigo presupuestal el presidente estará lastimando a los guerrerenses, pero especialmente a los más pobres a los que dice defender. En fin, este próximo diciembre saldremos de dudas.
