BAJO FUEGO

Los choques armados y disturbios ocurridos en Culiacán ofrecen algunas lecturas que habría que detallar.

En principio pareciera que en el operativo para la captura de Ovidio Guzmán hubo graves fallas de inteligencia, planeación, logística y comunicación.

En efecto las hubo. Pero esas fallas son atribuibles a la estructura civil que opera bajo el mando de Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad del gabinete federal y, en tal condición, jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), institución responsable de generar inteligencia estratégica, táctica y operativa para el gobierno de la República.

Dada la cercanía que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador -al extremo de que en las decisiones importantes margina inclusive a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero-, Durazo quiso colgarse la medalla de la captura del sucesor de El Chapo Guzmán, para atribuirle el éxito a la flamante Guardia Nacional (GN).

Trascendidos confiables permiten inferir lo que realmente pasó esa tarde fatídica para la población civil de Culiacán, que fue la que pagó las consecuencias de la violencia desbordada generada por los matones del Cártel de Sinaloa.

Carente de experiencia de mando y de inteligencia operativa, Durazo no previó las consecuencias -que claro que eran previsibles- de una decisión de tal naturaleza que motivó la reacción furiosa de los grupos criminales leales a la familia Guzmán Loera, quienes desataron una estrategia cuasi terrorista para crear pánico entre la población civil, a la que de esa forma usaron como escudo.
Aquí habría que hacer algunas consideraciones:

¿Por qué decimos que era una reacción previsible de los chicos malos?
Por la sencilla razón de que este tipo de escenarios ya se ha puesto en práctica en el pasado reciente y en varias ciudades del país, donde los grupos criminales utilizan a vehículos del transporte público, así como a población civil, como parapeto para obstaculizar el avance de las corporaciones de seguridad.

En Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Coahuila y Guerrero ha ocurrido así, por citar sólo unos ejemplos. ¿Acaso no previeron ese escenario Durazo y compañía?

Claro que un escenario como ese ocurriera en el gobierno de la Cuarta Transformación, replicado miles de veces por las redes sociales, aterrorizó a Durazo y a López Obrador, quienes decidieron suspender las operaciones y entregar al delincuente para evitarse consecuencias imprevisibles si la situación de hubiera prolongado.

Que ahora López Obrador parezca no estar enterado es simplemente inadmisible. Claro que estuvieron enterados los mandos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), tanto como el mismo presidente. Los mandos militares jamás hubieran lanzado una operación de tal envergadura sin una autorización expresa del mando supremo que es, precisamente, el propio presidente.
Pero la iniciativa era de Durazo, un hombre ávido de ofrecer resultados ante la ciudadanía como ante el propio gobierno del que forma parte.

Así las cosas, al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, no le quedó más que apechugar y afrontar la consecuencia política con entereza, lo que no hizo Durazo que, como político formado a la antigua, se la pasaba de perorata en perorata ante los medios de comunicación.
En el mismo tenor es importante recordar que los cárteles de la droga, como es el caso que nos ocupa, tienen muchos años operando al margen o con anuencia de los gobiernos en turno, desde hace por lo menos 40 años. Así que han aprendido a desarrollar tácticas de hostigamiento y defensa que los asemeja mucho a un fenómeno de insurgencia.

Esto es, han aprendido a actuar como guerrilla para evadir u hostigar a las corporaciones del Estado Mexicano. En este caso se observó claramente que los sicarios ocuparon intersecciones de las principales avenidas en las que atravesaron vehículos en llamas para causar terror y obstruir el avance de tropas. A la par sacaron a relucir sus mejores armas para amedrentar a las corporaciones. Además de la fusilería ordinaria, se pudieron observar en fotos y videos ametralladoras calibre 50 e inclusive lanzacohetes, lo que indudablemente eleva el poder de fuego de los criminales.

Baste recordar cuando mercenarios del Cártel Jalisco Nueva Generación derribaron un helicóptero de combate Eurocopter -una formidable máquina de guerra, hay que decirlo- en mayo de 2015, para lo cual utilizaron un lanzacohete RPG de manufactura rusa. Desde entonces quedó de manifiesto el creciente poder de fuego del narco mexicano.

En el caso de Culiacán los principales actos de hostigamiento se produjeron precisamente contra el personal militar cuando con armas automáticas ametrallaron el perímetro de la Novena Zona Militar y, al mismo tiempo, lanzaron amenazas contra familias de los militares en una zona habitacional de la Secretaría de la Defensa. Como es natural, esas decenas de familias entraron en pánico.
Pero los matones nunca entraron en combate frontal contra la tropa. En el perímetro de la zona militar, una fuerza de 350 hombres ya estaba lista para entrar en acción, cuando llegó la contraorden: suspender operaciones.

Para entonces ya había varias columnas de humo en diferentes puntos de la capital sinaloense y se habían liberado a 50 reos peligrosos de un penal con el fin de generar más caos y psicosis entre la población. Parecía una guerra civil y seguramente así lo vieron tanto Durazo como López Orador.
Así que, ante un escenario de insurgencia criminal propagado a diferentes puntos de la capital sinaloense, la cúpula del gobierno federal decidió retirar al personal militar y a las corporaciones civiles que ya iban en auxilio.

De acuerdo con un análisis sobre la situación, en los embates contra los militares habrían participado no más de 200 individuos con una amplia movilidad y conocimiento del terreno, lo que dio la impresión de que se trataba de muchos más.

El caso es que nunca dejaron operar a la fuerza de combate que ya estaba lista para entrar en acción, lo que sin duda habría contenido a los mafiosos. Pero era un verdadero albur el resultado final de esos enfrentamientos.

Aunque controvertida y costosa en términos políticos, al final la suspensión de operaciones parece haber sido la mejor decisión tomada por el alto mando de las fuerzas militares. Lo que no se vale es que le echen la culpa a los mandos regionales y operativos del Ejército sobre el fracaso de la operación, imputable ciento por ciento al mando civil. A Durazo, pues.