Miscelánea, salud y política
Judith Álamo López
"Todas las dictaduras del mundo pueden y afirman estar actuando en nombre de la gente": Harold H. Greene+
¿Es normal que un jefe de Estado y de Gobierno, como lo es nuestro presidente Andrés Manuel López, llame a las organizaciones criminales a hacer un pacto de paz y las convoque a actuar con responsabilidad?
En su mañanera del 30 de mayo, dijo: "Sí, ese es el exhorto, que no actúen de manera violenta… Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia yo lo apruebo, y eso no tiene que ser sólo por demanda de la autoridad.
Es por los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben asumir una responsabilidad’.
Es evidente que a los delincuentes la autoridad debe hacerlos responsables de sus actos con la aplicación de la ley. Toda violación a la ley es un delito que impide la sana convivencia, vivir en paz, y el garante de nuestra seguridad es el gobierno, mismo que debe vigilar que prevalezca el estado de derecho y el sistema de procuración e impartición de justicia.
No nos confundamos, ni dejemos confundirnos, el aparato gubernamental ha fracasado en la aplicación de la ley cuando solapa la impunidad casi total del crimen y no puede garantizar los derechos de sus gobernados a la vida libre de violencia, la libre expresión, la justicia, la transparencia, a la salud, etcétera.
No sólo es un galimatías del mandatario–-lenguaje oscuro por confusión de ideas– sino una posición reincidente, firme de AMLO, para quien en su ideario político las organizaciones delictivas son merecedoras de respeto y misericordia por encima de muchos grupos sociales honestos, cuya característica es su capacidad crítica frente a acciones de gobierno.
De qué otra forma podríamos explicar sus ataques y descalificaciones a científicos del Conacyt, analistas universitarios o académicos, representantes de organizaciones sociales, historiadores no afines a la narrativa oficial, periodistas críticos, clases medias capitalinas, manifestantes a favor del respeto al estado de derecho, organizaciones defensoras de derechos humanos, opositores en general…
Es evidente que el presidente goza y ejerce todo su poder y quiere ir más allá. Disfruta su popularidad y pese al declive de su sexenio, cree en la vida eterna y el poder ilimitado, igual ocurre con el grupo que lo secunda, mejor se alinean que arriesgarse a ser sujetos de su ira. Ya ve lo que ocurre con quienes se salen del redil.
Sin duda, a este líder popular, le falta humildad para reconocer sus limitaciones y asesoría en muchos rubros, como en derecho constitucional, de otra forma no se entiende por qué lanza acusaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un golpe de Estado Técnico por rechazarle sus planes de gobierno, cuando lo que hace el supremo tribunal es invalidarlos por no cumplir con el mandato constitucional.
Quizá esto sólo sea una mascarada para encubrir sus ocultos deseos de disponer de una Corte a modo.
La nutrida marcha ciudadana a favor de la Corte de Justicia del domingo 28 debería llamar a la reflexión de un gobierno responsable y democrático, pero no es el caso, a ojos de AMLO todo lo contrario a sus propósitos de mantener y ensanchar su poder es minimizado, desacreditado, estigmatizado y condenado.
Ya ni siquiera disimulan la ilegal protección gubernamental que brindan al grupúsculo que se apostó en la entrada de la SCJN con disfraces y mantas injuriosas contra los ministros.
Y de esto, sí que sabe el ex "luchador social", acostumbrado a ejercer presión a los grupos antagónicos. Ahora, con todo el poder presidencial aprovecha para querer destruir a quienes considera sus "adversarios".
A sólo cuatro días de que se efectúen las elecciones en el Estado de México y Coahuila, surgen dudas luego de escuchar la cortesía con que López Obrador se dirige a los grupos delincuenciales para llamarlos a ser menos violentos ¿Será verdad que no quiere romper alianzas inconfesables establecidas con quiénes hicieron posible los triunfos morenistas en 2021?
Si esto fuera cierto, se sumaría al fracaso de la política de "Abrazos, no balazos" y de la creación de la Guardia Nacional. La tragedia humanitaria en México es alarmante: en abril pasado se rebasó la cifra de 156 mil homicidios dolosos y cerca de 110 mil desaparecidos en lo que va del sexenio.
En este contexto, y dada la resistencia a rendir cuentas por parte de las fuerzas armadas.
Parece ser un signo positivo pero insuficiente, la comparecencia de los integrantes del gabinete de seguridad nacional, ayer 30 de mayo, ante comisiones del Senado para presentar su primer informe semestral en tareas de seguridad pública.
No se abordaron temas polémicos como el espionaje por parte del Instituto de Seguridad Militar a luchadores sociales y periodistas ni las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de militares, ni por qué reservaron la información sobre las megaobras a su cargo, ni cómo se reintegrará la Guardia Nacional de la milicia al control civil.
Estamos por presenciar unas elecciones estatales sin precedente por lo reñidas, las encuestas adelantan triunfos, pero mejor observemos cómo convergen los factores reales de poder en ambas entidades con elecciones. Estos eventos nos darán luces de lo que vendrá el último año de la 4T.
No se trata de buenos contra malos, se trata de ver si es posible que la oposición sobreviva y se fortalezca en las elecciones del Estado de México y de Coahuila pues esto dará oportunidad de frenar a un gobierno autoritario y populista que no ha cumplido con sus promesas de acabar con la corrupción y sí, cada día amenaza con invalidar al Poder Judicial y destruir más instituciones democráticas autónomas o inactivarlas --como al INAI--.
La declinación de sus candidatos a gobernar Coahuila, hecha por los presidentes de los partidos Verde y del Trabajo para apoyar al candidato de Morena, Armando Guadiana, y la rebelión de los aspirantes, quienes además ya no podrán ser eliminados de las boletas electorales, son un adelanto de hasta dónde está dispuesto el inquilino de Palacio Nacional a apretar a sus "aliados" para demostrar su fuerza. De los dirigentes de Morena ni hablar, están al servicio del jefe del clan.
También veremos hasta dónde AMLO está dispuesto a acatar y respetar lo que decidan las instituciones electorales (INE y el TEPJF) y, en su caso, la vilipendiada SCJN, misma que ha crecido en respeto a ojos del pueblo defensor de la ley y las instituciones. O, si la idea es seguir violando las leyes y destruir a quien se oponga a su permanencia en el poder en las elecciones del 2024.
