*El Morena votó en contra porque no se tomó en cuenta a las víctimas de quienes purgan condenas en cárceles de Guerrero
Gilberto Guzmán
El pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto a los poderes Judicial y Ejecutivo para que se analice la liberación anticipada de personas adultas mayores que padezcan enfermedades incurables o se encuentren en periodo de vida precario, y que estén recluidos en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) por delitos no graves.
Aprobado por mayoría de votos, el punto de acuerdo excluye de este beneficio a los sentenciados por secuestro, delincuencia organizada, delitos sexuales o asociación delictuosa.
El punto de acuerdo fue leído en tribuna por el diputado César Landín, quien es vocal de la comisión, y señaló que según estudios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la situación de las cárceles en Guerrero obtuvo una calificación de 4.76 puntos sobre 10.
Esta baja evaluación, porque en el sistema carcelario de Guerrero persisten anomalías como sobrepoblación, hacinamiento, condiciones de autogobierno, actividades ilícitas e insuficiente personal de seguridad y custodia, en la mayoría de los centros penitenciarios de la entidad.
Indicó que la CNDH, con base en sus Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, advirtió que en las cárceles hacen falta programas de atención a la salud física y síquica especializada acorde a la edad, y equipos de apoyo para poder moverse con independencia, como andaderas, sillas de ruedas y bastones, entre otros.
La propuesta señala que ante esta situación es necesario considerar la excarcelación de algunos casos, especialmente de adultos mayores de 70 años que se encuentran sentenciados por delitos no graves, que estén sufriendo alguna enfermedad incurable y que tengan un periodo de vida precario o por razones de salud se encuentren en estado de involución, siempre y cuando el daño haya sido reparado o se exhiba garantía, a excepción de los sentenciados por delitos de secuestro, delincuencia organizada, delitos sexuales o asociación delictuosa.
’Resulta necesario una revisión de aquellos adultos mayores que pudieran tener el beneficio de una libertad anticipada, establecida en nuestra ley número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero’, indicó el legislador.
Explica que el problema de la sobrepoblación dentro de las prisiones pone en riesgo la satisfacción de necesidades mínimas como el abasto de agua para beber, un espacio para dormir o para cubrir necesidades fisiológicas básicas, por lo cual debe ser considerada como sobrepoblación crítica, como condición de urgencia a atender, en virtud de la falta de gobernabilidad a que suele exponerse y a la violación de derechos humanos, así como de vida digna y segura en la prisión.
Exhorto salvaguarda dignidad de Adultos Mayores
César Landín dijo que hay algunas normatividades del país en donde se prevé la posibilidad de autorizar la ejecución del tratamiento en libertad a internos sentenciados mayores de 70 años de edad, así como a los que padezcan enfermedades en fase terminal, previo a lo cual habrá que cubrir, de ser el caso, la reparación del daño causado, entre otros requisitos, siempre por circunstancias humanitarias en casos de senilidad o precario estado de salud.
Uno de los argumentos jurídicos que presenta la comisión para sustentar su propuesta, es: Adultos Mayores. Las instituciones del Estado deben salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea evidente que su estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación institucional, social, familiar, laboral y económica.
En ella se establece que ’si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos, concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar en todo momento que se respete su dignidad humana, que no se cometan abusos en su contra y tomar medidas necesarias para cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento en que se están ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la situación jurídica en que se encuentra para que pueda ejercerlos’.
Se explica que las personas adultas mayores, dependiendo de su edad, pueden ser sujetas de abusos porque es un hecho notorio que existe en los últimos años de vida de una persona adulta mayor, una disminución en la agudeza de sus sentidos e, incluso, que tienen menor agilidad mental, por eso, al momento de analizar la controversia los jueces deben cerciorarse de que comprenden el derecho que ejercen en cada etapa procesal, así como al desahogar las pruebas, como la confesional, ya que deben tomar en consideración su condición física y de salud.
El punto de acuerdo consta de dos artículos. El primero, para que la 61 Legislatura exhorte al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, para que se haga una revisión de los casos en que los adultos mayores pudieran alcanzar el beneficio de una libertad anticipada, a excepción de los sentenciados por secuestro, delincuencia organizada, delitos sexuales o asociación delictuosa, y que se encuentran recluidos en todos los Centros de Readaptación Social del Estado de Guerrero.
El segundo artículo exhorta al Gobernador del Estado para que por su conducto y a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se realice una revisión cuyo informe se entregue al Congreso, sobre cuántos Adultos Mayores se encuentran en los Ceresos y cuántos pudieran alcanzar el beneficio de una Libertad anticipada, de acuerdo con la Ley número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero.
Un acto de caridad que no considera a víctimas
La diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez, fue la única que subió a tribuna para argumentar su voto en contra de este punto de acuerdo parlamentario.
Dijo que este tema, presentado por la Comisión de atención a Adultos Mayores, ’aparenta ser un acto de justicia, que más bien pareciera ser un acto de caridad, sin embargo en él se encierra un punto que no solamente en este caso sino en otros, debe necesariamente considerarse, porque esto no sólo tiene que ver con adultos mayores presos, procesados y condenados por algún delito, sino también con las victimas que padecieron esos delitos’, explicó.
Detalló que si bien el Estado debe hacer prevalecer el estricto cumplimiento de la ley, al Estado lo representan personas humanas y éstas, al aplicar la ley también deben hacer privilegiar la justicia, pero una justicia equilibrada y basada en los más altos principios, no únicamente en la caridad’.
El estado mexicano y también el estado de Guerrero, desde hace tiempo dejaron de escuchar a las víctimas de los delincuentes, aunque hay una comisión que no los representa y un Ministerio Público que tampoco los representa, por lo que el exhorto que se plantea desoye una vez más a las víctimas, lo cual no se va a permitir desde la representación de MORENA, indicó Cisneros Martínez.
’No está sobrado añadir que exhortar con asunto de esta naturaleza al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que independientemente de que no tiene facultades jurisdiccionales, ese poder ya no tiene autoridad moral para impartir justicia y debe refundarse’, subrayó.
La diputada agregó que votaría en contra de esta propuesta ’porque en estos asuntos debe considerarse a las víctimas y porque el exhorto adolece de esa consideración’.
La propuesta de acuerdo parlamentario fue aprobada por mayoría de votos del pleno del Congreso local.
