Corrupción y ética pública

La corrupción es un fenómeno social que tiene diversas causas.
Sus efectos tienen repercusiones nefastas en todos los sectores, desde económicas hasta políticas. El impacto de la corrupción se puede observar en el bajo crecimiento económico, la impunidad, la ilegalidad y en la reducción de la inversión pública y privada en el país. A pesar de ser un lastre social, la corrupción suele solaparse o justificarse al amparo de supuestas prácticas sociales que lo permiten. Sin embargo, la corrupción constituye un daño al patrimonio de las personas, e incluso afecta la convivencia social. En más de las ocasiones se considera que la ’mordida’ es un acto que no daña a terceros, ya que parece una transacción económica entre la autoridad y un particular que accede al pago de la misma para ’no tener’ problemas o evitarse ’complicaciones’ en trámites administrativos. Durante décadas hemos condenado la corrupción en las altas esferas de la política, de la clase empresarial o de individuos que gracias a ella han amasado fortunas inimaginables. Los casos de políticos encumbrados en el poder que han hecho del erario público la palanca de su riqueza familiar, o de empresarios que con base en el amiguismo, compadrazgo o tráfico de influencias logran obras y contratos de gobiernos, hablan por sí mismos. Aceptando como válido el viejo adagio de que ’quien no transa no avanza’, las personas han reproducido estas prácticas corruptas tanto arriba como debajo de la pirámide social. Esta situación ha provocado una cierta normalización de la corrupción como práctica social. Un presidente de la República llegó a afirmar que las causas de la corrupción son culturales, lo que presupone que los mexicanos tenemos en nuestro ADN un gen identificado con las prácticas corruptas. Aunque algunos han aceptado que el origen de este tipo de conductas tiene raíces en la historia de nuestra nación, la mayoría de los expertos, basados en estudios e investigaciones, colocan como principal causa de la corrupción la ineficacia institucional; ineficacia que se traduce en impunidad y ésta en una forma de aceptar que se puede ser corrupto en diferentes niveles sin tener castigo alguno. El régimen anterior resultó ser uno de los más corruptos en la historia reciente de nuestro país. Basta señalar que en el Índice de Percepción de Corrupción 2018 publicado por Transparencia Internacional, México obtuvo el lugar 138 de 180 países que componen el estudio. La calificación del país fue de 28 puntos sobre 100, en una escala donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio. El dato más alarmante es que en el año 2012 nos colocamos en el lugar 105 con una calificación de 34 puntos, lo que implica que en 6 años la percepción de corrupción aumentó. (https://www.transparency.org/cpi2018) Irónicamente fue la pasada administración la que implementó el Sistema Nacional Anticorrupción. No es casualidad que desde la campaña de nuestro actual Presidente de la República y ahora como gobierno, su principal causa sea erradicar la corrupción. Como bien ha señalado, ésta se combate barriendo la escalera de arriba hacia abajo. Es decir, si desde el gobierno se combate la corrupción, esto permeará hacia la sociedad. Así, el combate a la corrupción no sólo es cultural o institucional, es también ética. El camino para erradicar esta enfermedad social no es fácil, ni de corta duración. Es posible que sus efectos se perciban aun después de haber terminado el propio sexenio del Presidente de la República. Sin embargo, lo que podemos observar es una nueva actitud de las autoridades para atajar desde las esferas del poder las causas de la corrupción, como son el amiguismo, el influyentismo y el conflicto de interés. En esta cruzada no podemos ni debemos dejar sólo al Presidente de la República. Me atrevo a afirmar que el éxito o fracaso de la Cuarta Transformación dependerá en gran parte si logramos erradicar la corrupción del gobierno y el servicio público. Si logramos este propósito, invariablemente comenzará a transformarse la mentalidad de la gente. Empezando por romper con esa falsa idea de que el éxito económico en este país transita por los canales de la corrupción. La responsabilidad de combatir este flagelo es de todos: gobierno, empresarios, políticos y sociedad en general. Es necesario seguir reforzando las leyes para inhibir los actos de corrupción, fortaleciendo la denuncia y promoviendo el castigo a los corruptos. Pero lo más importante y trascendental es fomentar una verdadera ética pública que sustente nuestras prácticas sociales. De poco servirá que los funcionarios sean honestos en el manejo del erario público si la sociedad continúa justificando la ’mordida’ para evitarse problemas o evadir trámites administrativos. Los valores de una nueva ética pública se fomentan en el espacio público, pero se adquieren y refuerzan en el ámbito familiar y social más cercano al individuo. En nuestro estado tenemos mucho trabajo por hacer. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, el 92% de los guerrerenses percibe los actos de corrupción como muy frecuentes o frecuentes, siendo la policía, los partidos políticos y los gobiernos las instituciones que perciben como más corruptas en la entidad. Asimismo, el dirigente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, señaló a finales de 2018 que de acuerdo con un estudio de su confederación, Guerrero fue la entidad con mayor percepción de corrupción por parte de los empresarios, con 61%, particularmente en lo que concierne al trámite en el sector público. Desde el Congreso de Guerrero redoblaremos esfuerzos para seguir erradicando la corrupción con una nueva ética pública, barriendo la escalera de arriba hacia abajo y terminando con la impunidad que impera en Guerrero.