Opinión
Raúl De La Rosa
En las últimas tres entregas pasadas se habló de lo imposible que era no tocar el tema de la Nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (LGMHCTI) en México.
Su texto ya fue aprobado en el H. Congreso de la Unión y la oposición actual al Ejecutivo federal y sus homólogos estatales y municipales (fiel a la tradición de la cultura política mexicana), ha iniciado su impugnación, apoyándose en dichos de algunos miembros, hombres y mujeres, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, ahora que ésta ha decidido entrar a la confrontación con los otros dos Poderes de la Unión).
En ambos lados, tanto de la actual Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como de la oposición, hay un persistente error: atribuirle al CONACYT (hoy ya Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONAHCYT) responsabilidades de las que endogenamente está exento y excentarle de lo que es su razón de ser, debido a que le observan desde la política partidaria electoral, ni siquiera ideológica, sino partidaria y con cálculo electoral, y por lo tanto, no lo ven desde las ciencias y tecnologías y su impacto dentro del Aparato Productivo Nacional (APN).
En el diagnóstico, ese sí, muy acertado de cómo está la ciencia y tecnología de México, que acompañó a la LGMHCTI, muestra muy claro nuestras debilidades y fortalezas:
a) Investigadores que investigan casi nada o poco en las ciencias básicas y muy poco en las de frontera,
b) Un Sistema Nacional de Becas y Posgrado que nos ha dado como resultado una autopista para la fuga de cerebros, y
c) Las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) que tramita por cada 100,000 patentes de extranjeros, una de un(a) investigador(a) mexicano(a), luego entonces, más que una respuesta a una necesidad, el CONAHCYT y sus colaterales o periféricos son un pesado lastre para el mundo científico de México y de nuestro APN.
Y tanto el actual gobierno federal, como el H. Congreso de la Unión, ni los opositores a éstos, entran al fondo de la problemática. Es políticamente incorrecto debatir el fondo: depurar el SNI, reducir las áreas en las que se otorgarán becas de Posgrado nacionales o al extranjero, y las investigaciones que no acaban en una patente en 6 años, se debe revisar su pertinencia y la permanencia de las y los investigadores en el SNI. Impulsar copatrocinio de investigaciones con la Iniciativa Privada, pero bajo metas y tiempos a cumplirlas, donde ambas partes sean corresponsales del financiamiento y de la comercialización de los resultados. Depurar la planta docente de las Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) y aumentar los niveles de exigencia y rigor académico en la formación de los educandos de educación terciaria y de posgrado. Y eso sólo es una pequeña muestra de las medidas que deberán adoptarse, más tarde que temprano, si queremos desarrollar el mínimo de autonomía y capacidad industrial de México. Pero es precisamente lo que ni gobernantes ni opositores discuten.
Sobre un texto imperfecto, la oposición sólo busca elementos, redacción, que permita darles un fondo para una acción de inconstitucionalidad, mientras que el actual gobierno evade enfrentar el problema de la calidad y el desbalance entre ingenierías, ciencias biomédicas y ciencias naturales, con respecto a las ciencias sociales, administrativas, humanísticas y artísticas. Partiendo de la realidad inocultable: somos un país pobre que debe focalizar sus recursos de ciencia tecnológica e innovación en las áreas de ciencias duras que permitan innovar, inventar, diseñar, para la aplicación inmediata o mediata en el agro, la industria, salud y medio ambiente de la sociedad mexicana.
No puede ser posible que haya más becados(as) en áreas como derecho y economía, que en todas las ingenierías. No es posible que alguien esté en el SNI durante 20 años sin haber registrado una sola patente. Y eso es lo que no se discute.
Todo el sistema educativo nacional, desde el Jardín de Niños hasta los posgrados, tienen sentido si la calidad de vida de nuestra sociedad se ve mejorada por las patentes que el SNI registra. Por los libros de texto que se generan para ser implementados en los distintos niveles educativos. Por los artículos científicos publicados en las revistas internacionales especializadas. Y un gran número de indicadores que le dan sustento y sentido al SNI.
Pero tenemos una enorme falla, enorme, porque el SNI se ha convertido en algo muy parecido a la selección mexicana de fútbol soccer. Un ejemplo: Sólo el 4% de las patentes que se han registrado en el país se concede a mexicanos(as) y el otro 96% a extranjeros(as), lo que revela la inexistencia de la cultura de registro de innovaciones y de comercialización de las mismas, o bien, no hay una planta sólida y eficaz de investigadores(as) e innovadores(as), a pesar de que mediante ambos mecanismos y la explotación de la tecnología, se genera riqueza. Y si hablamos de números de cada 200,000 patentes que se han extendido en el mundo, sólo una es mexicana. Y nada de ello la LGMHCTI lo trata, delimita y corrige. Y menos lo hacen los(as) opositores(as). Y ese es el verdadero problema de México, que no hay nada que indique que las élites económicas o políticas, entiendan y atiendan la problemática que debería estar en vías de solución pero no lo está. Es la simulación de todos los que usan los medios masivos de comunicación para gestar sus estridencias, sean o no, ciertas, atendibles y parte de la solución.
