Contexto Político
Por Efraín Flores Iglesias
Mientras los grupos del crimen organizado y los grupos de autodefensa siguen disputándose el control de la Sierra de Guerrero, el número de familias desplazadas aumentan diariamente. Y no solamente los pobladores de Filo de Caballos, sino también los que viven en comunidades cercanas que prefieren dejar todo lo que tienen para salvar sus vidas.
Ayer señalamos en este espacio que la violencia se ha agravado en los últimos años y que los operativos militares y policiacos no han dado resultados. La delincuencia opera impunemente para generar zozobra y las autoridades municipales simplemente se hacen de la vista gorda. Es más, es un secreto a voces que cada tres años los jefes criminales son los que imponen a los alcaldes, sin importar el color o ideología política.
Algo similar ocurre en Tierra Caliente, región donde los criminales también influyen en las elecciones. Las denuncias ahí están. Y todo aquel alcalde que no se cuadra a los intereses de los varones de la droga, simple y sencillamente es ejecutado.
En Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo han gobernado el PRI, el PRD y el PAN. Y algunos de los que han sido alcaldes fueron señalados en su momento de servir a la delincuencia, pero eso no les importa a los dirigentes de los partidos políticos, ya que para ellos lo más importante es obtener votos.
Para el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, el gobierno federal ha destinado un presupuesto millonario, pero ha descuidado a Guerrero, entidad que ha sido golpeada no solamente por conflictos políticos y sociales, sino también por la guerra entre los grupos criminales que se disputan el control de territorios y/o plazas.
El problema de violencia es grave. Y lo acontecido el pasado domingo en Filo de Caballos vuelve a poner a Guerrero en el ojo del huracán.
Tan grave es el asunto que este miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores admitió que se trata de ’un problema delicado de seguridad nacional’. Y tiene razón cuando señala que 50 policías o militares no pueden enfrentar a un grupo de dos mil personas armadas.
El mandatario dijo que los alcaldes también tienen su responsabilidad en el tema y que no se trata de echar culpas, sino trabajar para que la situación mejore.
El gran problema en esa región, así como de otras, es la no aplicación de la ley contra los grupos de autodefensas que realizan tareas de seguridad y la pasividad de los alcaldes.
Todo indica que el gobierno de Enrique Peña Nieto no arreglará el problema en la Sierra y que será Andrés Manuel López Obrador el que tenga que entrarle al tema. ¿Podrá?
Algunos académicos y actores políticos señalan que la violencia tiene su origen en la pobreza. En lo particular discrepo de tal afirmación, porque de ser así la Montaña y Costa Chica fueran las regiones más violentas de Guerrero.
Las regiones con más problemas de violencia son Tierra Caliente, Norte, Centro, Acapulco y la Sierra.
Por lo tanto, es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen mejor y diseñen una eficaz estrategia para combatir la criminalidad.
Tal vez la detención de autoridades y jefes policiacos que tengan nexos con la delincuencia no resuelvan el problema, pero sería un claro y positivo mensaje de que sí se tiene voluntad para hacerlo.
Los partidos políticos también deben de poner de su parte y no seguir postulando a personajes como José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala y presunto responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Guerrero merece vivir mejor, en un entorno sin violencia ni gente desplazada.
ENTRE OTRAS COSAS… Por este medio expreso mi solidaridad para mi amigo Sergio Mota Sánchez, reportero de La Crónica, Vespertino de Chilpancingo, quien la mañana del martes 13 presentó una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) contra el ex alcalde de Mártir de Cuilapan, José Guadalupe Rivera Ocampo, por amenazas de muerte.
Rivera Ocampo es esposo de la actual alcaldesa de dicho municipio, Jenny González Ocampo, y forma parte del grupo político que comanda el diputado perredista y ex alcalde de Quechultenango, Bernardo Ortega Jiménez.
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