Epístolas Surianas
De Julio Ayala Carlos
AQUELLA NOCHE DEL 26 Y MADRUGADA DEL 27 de septiembre de 2014, el entonces Fiscal General del Estado, Iñaky Blanco, literalmente salvó de la cacería desatada en contra de los normalistas de Ayotzinapa, llevada a cabo por policías municipales de Iguala, a nada más, pero nada menos, que a un total de 68 estudiantes. Siendo justos, este hecho sería más que suficiente para reconocerle su actuación en esa trágica noche.
Pero no sólo eso. La actuación de Iñaky Blanco al frente de la Fiscalía, hizo posible que 32 personas, entre mandos policiacos y efectivos de Iguala (un policía está prófugo), fueran consignados por su presunta participación en tan lamentables hechos, y a más de siete años de ocurridos, estos 32 consignados siguen detenidos por más intentos que han hecho para salir libres.
El último caso es el de quien fuera secretario de seguridad pública municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, a quien un Tribunal Colegiado rechazó un amparo por el cual sus abogados pretendían echar abajo el auto de formal prisión dictado en su contra por su presunta responsabilidad en los hechos que dejó como saldo 6 personas muertas, 43 desaparecidos y 25 lesionados.
Es decir, el entonces Fiscal General del Estado no solo salvó a 68 normalistas en aquella trágica noche cuando eran cazados como animales, sino que como primera autoridad, responsable de las investigaciones, dejó firmes las actuaciones que, por desgracia, al ser retomado el caso por el gobierno federal, se contaminaron y pervirtieron.
Todo ello viene a cuento porque a poco más de siete años de los hechos, y a poco más de tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la aclaración de la tragedia que le dio vuelta al mundo, cada vez se aleja más, pese al compromiso presidencial de resolverlo de forma inmediata.
Hay que decirlo con todas sus letras. Al consumirse la mitad del periodo presidencial, parece más que imposible resolver un compromiso de campaña, en razón de que, además de destrozar la llamada ’verdad histórica’ del anterior gobierno federal que encabezó Enrique Peña Nieto, la nueva verdad que busca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acorde a lo que buscan los familiares de las víctimas, se desmorona día a día, toda vez que su testigo protegido ha perdido credibilidad como tal.
Así las cosas, a la luz de los hechos, a la luz de las investigaciones realizadas por el gobierno de Peña Nieto, y las que también ha realizado el de López Obrador sobre los hechos de Iguala, lo único que se encuentra firme son las actuaciones que realizó en su momento Iñaky Blanco y que llevaron a la detención de 32 personas, a las que se comprobó su participación en aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En ese sentido, no es nuevo decir que, a pesar de que se le ha querido relacionar en el caso como presunto responsable, es el único que puede resolverlo, no sólo porque como Fiscal inició las primeras investigaciones que hoy por hoy son las únicas firmes, sino porque conoce el contexto en que ocurrieron los hechos, de tal forma que, en vez de querer incriminarlo como perversamente lo ha pretendido el abogado de las víctimas de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, deberían al menos tomar en cuenta sus opiniones y observaciones del caso.
No es, por supuesto, una ocurrencia como las que diariamente se ventilan desde Palacio Nacional, sino una propuesta que bien vale ser analizada por quienes tienen el compromiso de resolver el caso de Iguala. Iñaky Blanco, habrá que decirlo, no sólo tiene experiencia, sino que además es uno de los profesionistas más respetados en el país en asuntos relacionados con la justicia, además de que, como pocos, tiene capacidad para encabezar una investigación y esclarecer así la desaparición de los 43 normalistas.
Ya lo dije. El tiempo se le agota al presidente de la República, porque además, en vez de construir una relatoría a modo, que satisfaga a los familiares de las víctimas, debe esclarecerse aunque los resultados no gusten a muchos.
Porque, habrá que puntualizarlo, en aquella trágica noche, los jóvenes atacados en Iguala no estaban en calidad de estudiantes, y eso ciertamente, es un hecho que ya no puede ocultarse.
Así es. La verdad puede ser muy cruda. Ése es el riesgo. Y ése es también, el motivo de la tardanza de quienes, a pesar de su compromiso, no se atreven a esclarecer los hechos.
EN OTRO ASUNTO, LOS HECHOS DEMUESTRAN que la violencia se ha disparado en el estado. Así se ve y se siente entre el pueblo común y corriente, aunque desde el gobierno estatal y federal, e incluso desde las encuestas pagadas, se diga lo contrario. Algo no está funcionando, y eso que hay un gobierno de ’abrazos, no balazos’.
OTRO ASUNTO. DE ACUERDO AL PADRE de la gobernadora del estado, es decir, Félix Salgado Macedonio, estamos a días de que el semáfaro epidemiológico en Guerrero retroceda, no a amarillo, que es el color inmediato, sino a naranja, es decir, dos colores atrás. Es decir, estaremos en la antesala de regresar al semáforo rojo, o lo que es lo mismo, en una situación de alarma.
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