Plataforma Laboral
Armando Téllez Flores
México Evalúa señala a la violencia familiar
+La UAM se suma por la integridad electoral
México Evalúa celebra el décimo aniversario de la serie Hallazgos, la evaluación independiente de referencia de la justicia penal en México.
En esta edición especial hace un ajuste a su metodología, la cual, sin dejar de medir el desempeño en sí de las instituciones de justicia penal, se enfoca en conocer qué tan efectiva y eficiente es la respuesta del sistema desde el punto de vista de las personas usuarias, ya sean imputadas o víctimas, tanto en el respeto a sus derechos como en las distintas interacciones con las instituciones durante el proceso penal.
Según el reporte, uno de los derechos más vulnerados en el proceso penal es la presunción de inocencia, ya que el 57% de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva durante 2022 a nivel nacional, 53% bajo la modalidad oficiosa, y sólo en 4 de cada 10 casos se hizo una evaluación de riesgo para determinar si era necesario encarcelar a la persona.
Por otra parte, Hallazgos muestra que sólo el 14% de las personas víctimas atendidas por las Comisiones de Atención a Víctimas (CEAV) accedió a otro de los derechos fundamentales: la reparación del daño. Asimismo, revela que de las 2,065,630 carpetas de investigación abiertas en 2022 que involucraron al menos a una persona víctima u ofendida, únicamente 156,590 fueron representadas por las CEAV durante el proceso penal.
’El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas usuarias del sistema de justicia, y el primer paso para atender esta demanda es invertir en el fortalecimiento de las instituciones para que sean capaces de garantizar el acceso a la justicia a la población’, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
El Índice de Impunidad es un indicador calculado desde 2017 por Hallazgos, como una herramienta que le permite a la ciudadanía valorar año con año el desempeño de las instituciones de justicia penal.
Para 2022, año de evaluación de esta edición especial de Hallazgos, el promedio nacional de impunidad fue de 96.3%, 4.5 puntos porcentuales más que en 2021, cuando se ubicó en 91.8%. Las entidades que reportaron mayores niveles son Hidalgo (99.6%), Colima (99.5%), Jalisco (99.5%) y Ciudad de México (99.1%), mientras que las menores son Michoacán (82.0%), Baja California (87.7%), Chiapas (89.1%) y Sonora (89.3%).
En esta ocasión México Evalúa presenta un cálculo de la impunidad específica para 12 delitos a nivel nacional. Violencia familiar (98.6%), desaparición (96.5%), y extorsión (96.4%) y abuso sexual (96.1%) reportaron los mayores índices.
Hallazgos 2022 subraya la necesidad de que existan estrategias de priorización y canalización de recursos, para que en las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad se concentre una parte importante de los esfuerzos institucionales.
En este sentido, Chrístel Rosales, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, explicó: ’Observamos que 16 fiscalías han incorporado políticas de priorización en la persecución de delitos, con el fin de optimizar sus recursos de investigación.
Esto deberá reflejarse en la disminución paulatina de la impunidad en delitos específicos como homicidio, feminicidio o desaparición. Lograrlo representaría un modelo para replicar en otras entidades o fenómenos criminales’.
El estudio analiza la duración de los procesos penales y encuentra que, en promedio, un juicio oral dura 486 días a nivel nacional, lo cual vulnera el derecho constitucional a que una persona sea juzgada en un plazo menor a un año, establecido en el artículo 20 constitucional.
Tras estudiar la proporción de detenciones ilegales, Hallazgos descubre que en Colima el 50% de las detenciones fueron calificadas como ilegales por un juez de control, al igual que el 47% en Jalisco y el 45% en Tlaxcala.
En contraste, en Nayarit (2.1%), Sonora (2.2%) y Nuevo León (2.5%) las detenciones calificadas como ilegales se mantuvieron en bajos niveles, mientras que el promedio nacional es de 10.5%, una mejora de 5 puntos porcentuales respecto de 2021.
El control de la legalidad de la detención es un examen de la autoridad judicial sobre las condiciones de la privación de la libertad de una persona, por lo que su incumplimiento compromete el derecho al debido proceso.
Según la evaluación, sólo el 4.3% de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación pasaron a vinculación a proceso; la mayoría fue por robo (28.9%), narcomenudeo (13.3%) o lesiones (9.6%).
Ante este panorama, la organización plantea aumentar el uso de salidas alternas en delitos que no comprometan la vida o la integridad de las personas, para así reducir la carga de trabajo en las instituciones y permitir que se puedan agotar líneas de investigación y de acción en delitos como homicidio, secuestro, feminicidio o desaparición.
En la presentación del documento participaron el senador Emilio Álvarez Icaza; Patricia Olamendi, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos; Taissia Cruz, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública; Jene Thomas, director de la misión de USAID en México, e Irina Burgaza, asistente de Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann.
LA UAM SE SUMA AL ACUERDO NACIONAL POR LA INTEGRIDAD ELECTORAL
La suscripción del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral por parte de universidades e instituciones de educación superior resulta obligada al ser actores sociales fundamentales, que, ante todo, crean ciudadanía, aseguró el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la ceremonia donde se signó dicho documento.
Desde el auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de esa casa de estudios, destacó que durante cerca de medio siglo, la UAM ha sostenido una tradición reconocida como punto de encuentro, de inclusión y de pluralidad, que permite el intercambio de ideas y de perspectivas, entendiendo los derechos de pensamiento y de crítica, como principios fundamentales de las democracias contemporáneas.
’Esto nos hermana y nos une a las organizaciones que suscriben este Acuerdo Nacional: todas y todos coincidimos en que contribuir a lograr elecciones íntegras en todos los niveles nos permitirá, como nación, enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales que nos depare el futuro, buscando que se garanticen los principios democráticos de sufragio universal y equidad política, reflejados en estándares y acuerdos internacionales, durante todas las etapas del proceso’.
El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral es un esfuerzo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas, el sector empresarial y otras instituciones sociales para monitorear el desarrollo apegado a la ley de los comicios de 2024.
Por primera vez, las 32 entidades del país tendrán votaciones locales concurrentes con el sufragio presidencial y el próximo 2 de junio se renovará prácticamente todo el mapa político de México, subrayó el doctor De los Reyes Heredia.
La certeza de equidad en la competencia democrática y transparencia en sus resultados requerirá de la participación y compromiso de muchas ciudadanas y de muchos ciudadanos, de instituciones sociales y públicas, a lo largo y ancho del país, por lo que la Casa abierta al tiempo ’de cara a su quincuagésimo aniversario, hace patente, una vez más, la responsabilidad social que ha sabido sostener durante cerca de medio siglo’, indicó.
El maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó que el Acuerdo por la Integridad Electoral impulsado por la sociedad civil representa un hito en el compromiso común por construir un sistema de votos más robusto.
