LECTURA POLÍTICA

La corrupción a gran escala, comienza a copar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y el asunto clave que le está reventando y que sin duda, impactará también en Guerrero, está relacionado con el tema electoral. Sobre todo, con el despido abrupto del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, quien metió en un predicamento a la administración federal tricolor, al revelar que el extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. Porque a través de la empresa brasileña Odebrecht, Lozoya habría canalizado 10 millones de dólares justamente, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Y de ahí se abre lo demás.
COMPLICIDADES A FLOTE.- Una cosa es cierta: Santiago Nieto, no habría revelado las presiones políticas de Lozoya Austin a través de una carta, si no se blindaba antes políticamente. Por eso, cuando Alberto Elías Beltrán, -subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en funciones de Procurador-, lo removió de su cargo el pasado 19 de octubre, argumentando que ’trasgredió el código de conducta de la PGR’, estaba lejos de evaluar la tormenta política que desataría. Y se midió así: 1.- Nieto Castillo, apeló su remoción argumentando que su designación había pasado por el Senado de la república, no por la PGR. Y al coro para mantenerlo en su cargo, se unieron algunas fracciones partidistas en la Cámara de diputados. Pero representa un riesgo político para el equipo compacto del presidente Peña Nieto, en función de que su nombramiento vence hasta el 30 de noviembre de 2018. Es decir, le faltaban 13 meses asumir como fiscal electoral. Y como tal, tendría tiempo de documentar las eventuales quejas e irregularidades electorales emprendidas por el PRI en la próxima elección presidencial de julio de 2018, en su afán de retener la presidencia del país. Y no dejar pasar a López Obrador. Y todos los indicadores apuntan a que fue removido por órdenes directas del presidente. La controversia política amenaza con crecer porque organismos internacionales ya se involucraron en la defensa de Nieto Castillo. 2.- En Guerrero, tomó protesta como fiscal de la Fepade el 14 junio de 2012, el igualteco Jesús Zamora Muñoz. Su periodo era de cuatro años en el cargo, con posibilidades de ser ratificado por otros cuatro. El 25 abril de 2015, el periódico porteño El Sur, publicó que Zamora Muñoz, tenía una orden de aprehensión por homicidio y desaparición forzada desde 2008, en el estado de Chihuahua. El funcionario se limitó a responder dos días después, que estaba limpio y que eran ’golpes bajos’ en su contra. Lo cierto es que el trabajo de Zamora Muñoz, no trascendió. Pero se metió a otras competencias y polémicas. En diciembre de 2015, su nombre apareció en la lista de quienes disputaban la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ganó Xavier Olea Peláez. En julio de 2016, acusó penalmente al ex secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales, por apoyar la campaña de la ex candidata a gobernadora por el PRD, Beatriz Mojica Morga. Con ello, intentaba la ratificación en el cargo. Sirvió incluso, al rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, cuando declaró inelegible a la doctora Silvia Alemán Mundo, para la competencia por la rectoría, por presumibles delitos electorales cometidos en la elección extraordinaria de Tixtla en 2015. De pronto, fue separado del cargo. Quedó como encargado de la Fepade, Ulises Sandoval Catalán. ¿Así irán los partidos políticos locales a la elección de 2018? ¿O es plan con maña del propio PRI?
HOJEADAS DE PÁGINAS…En un afán por subirse a la ola mediática, el grupo del ex edil tricolor de Acapulco, Manuel Añorve Baños, comenzó las escaramuzas contra el edil perredista Evodio Velázquez. Primero, filtró a la prensa nacional que éste último, planea empujar a su esposa como su relevo en la alcaldía. Y luego, el diputado federal Ricardo Taja Ramírez, asume que la Cámara de diputados aprobará 100 millones de pesos para el puerto, pero que serán administrados por el gobierno estatal. Es claro el nerviosismo político de Añorve y aliados.