Ante la reciente validez que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero realizada en el año 2022, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Yoloczin Domínguez Serna, consideró que esta resolución da certeza a los procesos consultivos que desarrolla el Congreso del Estado.
La legisladora indicó que el Poder Legislativo tiene el firme compromiso con la democracia y la representación de los diversos sectores sociales. En ese sentido, explicó que a lo largo de la actual legislatura los procesos de consulta han tenido un trayecto de perfeccionamiento, en busca de garantizar una participación real de los pueblos indígenas y afromexicanos que permita escuchar sus voces para la construcción de un mejor estado.
Esto ante la determinación de la SCJN que resolvió que la consulta realizada para reformar distintos ordenamientos en materia de seguridad y reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos originarios cumplió con las características de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de conformidad con los parámetros establecidos.
La legisladora detalló que la SCJN validó la totalidad del Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, publicado el 5 de julio de 2022.
Por otro lado, abundó que el Congreso del Estado recientemente concluyó la Consulta en materia electoral, donde participaron 2,532 comunidades de 49 municipios indígenas y afromexicanos de Guerrero.
Asimismo, informó que sigue en marcha el proceso de Consulta en materia de educación indígena e inclusiva, destacando que la reciente validez del máximo tribunal transmite certeza a los procesos consultivos desarrollados por la LXIII Legislatura.
’Es importante destacar que en estos ejercicios se respeta en todo momento las normas internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, apuntó.
