Xaltianguis: UPOEG contra FUPCEG

Nunca se supo qué pasó. Pero se entiende que hubo un acuerdo soterrado, alejado de los ojos de la prensa. Y fue una promesa incumplida por el Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero (FUPCEG) con asiento en la sierra de Tlacotepec. El viernes 22 de febrero lanzaron la advertencia: si el gobierno estatal no detenía a un líder criminal, rival de ese Frente, ellos entrarían por él al municipio de Chichihualco. El plazo se vencería el 24 de marzo. Dos días después de esa amenaza, el gobernador Héctor Astudillo asumió en tono despreocupado: ’no es un pleito contra el gobierno ni contra la sociedad, sino que se trata de una confrontación que hay entre dos grupos armados que tienen su radio de acción en territorios de los municipios de Chichihualco y Tlacotepec’. El FUPCEG no llegó en la fecha acordada a ninguna de las dos cabeceras municipales. De ahí se abre lo demás.

GOBIERNO ESPECTADOR. -Como ya no puede controlarlas, el gobernador Héctor Astudillo, optó por echar a caminar un mejor plan a fin de mantener a su gobierno, fuera de la pugna entre ’las policías comunitarias’: dejar que cada una de ellas haga lo que le corresponde de acuerdo a los territorios que dominan. Encontró martirio, pero también redención. En el primer caso, su gobierno fue ampliamente cuestionado por la tolerancia excesiva a estas policías ’ciudadanas’. En el segundo, se ahorró dinero al evitar el envío de policías estatales a dichas zonas. Porque encontró quién le hiciera el trabajo de la seguridad pública. Sobre el costo mismo de generar más delitos. Como las extorsiones, el secuestro y hasta los asesinatos. Hay, sin embargo, otras lecturas: 1.- En asunto en las sierras de Tlacotepec y Chichihualco se enfrió. Por la politización que los desplazados de este último municipio generaron en la ciudad de México. Y porque tanto al presidente López Obrador y al propio mandatario estatal no les resultaba conveniente un eventual baño de sangre. La cuerda se flexibilizó. Pararon los ataques. Hasta disminuyeron los asaltos a los automovilistas en el tramo carretero federal Chilpancingo-Iguala. Pero el conflicto seguía vivo. En medio de esa confrontación quedó la Organización de Policías Organizadas del Estado de Guerrero (UPOEG), a quien los del FUPCEG evaluaron como su enemiga. 2.- Desde los municipios de Ayutla, hasta Tierra Colorada -pasando por comunidades como Xaltianguis y El Ocotito-, el control comunitario corría a cargo de la UPOEG. En ese contexto surgió el secuestro de la consejal de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y su acompañante Hilario Cornelio Castro el pasado martes 12 de febrero. Los liberaron cuatro días después. Obtilia supervisaba la obra pública en el municipio de Ayutla. Había encontrado irregularidades que alcanzaban a la UPOEG y al exdiputado local perredista, Valentín Rafaela Solís, a quien le habrían depositado indebidamente, -dijo Obtilia- un millón de pesos a su cuenta bancaria. Rafaela Solís fue nombrado candidato sustituto por el distrito 14, del también perredista Margarito Genchi Casiano, asesinado a balazos el 11 de junio de 2012. Inicialmente Rafaela dijo tener miedo, pero ganó aquella elección. 3.- En Xaltianguis, municipio de Acapulco, la UPOEG comenzó a fraguar oposiciones en su contra. Una fue visible: la del grupo Los Dumbos. Proliferaron los enfrentamientos a balazos. Culminó el pasado 3 de abril con la explosión de un coche-bomba frente a la comandancia de la UPOEG. Se estaba fraguando una rebelión en la cual, las autoridades ya no contaban. Apareció de pronto y por aquellos lares, el FUPCEG. Atacaron a balazos a los de la UPOEG la madrugada del pasado martes 7. La zacapela duró aproximadamente cuatro horas. Mataron a tres comunitarios de ésta última. Quemaron un vehículo. Al fin, sacaron a los de la UPOEG. El vocero del FUPCEG, Servando Alanís, dijo que ’30 familias desplazadas acudieron a Tlacotepec a pedirnos ayuda’. Pero en el fondo, están reviviendo su añeja pugna armada con la UPOEG. La Policía Estatal, el Ejército y la Marina a acudieron al lugar. Observaron la escena, pero no detuvieron a nadie. El gobernador Héctor Astudillo pasó de actor, a simple espectador.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El secretario general del magisterio disidente agrupado en la Ceteg, Arcángel Ramírez Perulero, asumió a raíz de los hechos vandálicos generados en el Congreso local el pasado 1 de mayo, que dicha organización ’seguirá ejerciendo su derecho a la manifestación y a la protesta’. Queda claro que también seguirá vigente su derecho a la afectación de terceros, a vandalizar, a delinquir amparándose en la impunidad, y su derecho a responder a intereses políticos oscuros e inconfesables. Qué tal.