Textos y claves…
Miguel Ángel Arrieta
Si hay una lógica en la decisión de la alcaldesa Adela Román Ocampo (Morena), para destituir a los funcionarios directivos de la Capama y a la titular de Ecología municipal, habría que encontrarla en esa parte de la historia política de Guerrero en la que el encubrimiento a colaboradores ha significado caída de gobernadores y la asociación permanente de ex alcaldes a la corrupción.
De hecho, lo que el PRD de Evodio Velázquez arrastra como su lastre más pesado es el estigma del saqueo y quiebre financiero de la paramunicipal operadora del agua potable, ante la marcada vinculación y proteccionismo desbordado del entonces presidente municipal para quienes designó al frente de la Capama.
Por lo pronto, la renuncia obligada de Leonel Galindo y sus compañeros directores de la Comisión de Agua Potable y de Guadalupe Rivas, directora de Ecología municipal se ciñe al clamor popular en el sentido de que al cabo de poco más de año y medio de gobierno, la alcaldesa no enviaba una señal que estableciera el rompimiento de esa estructura ideológica cultural de corrupción encontrada en el ayuntamiento y marcara el ciclo final de la contaminación administrativa municipal.
Ahora que dio ese paso en concordancia con la caza de peces gordos, -Lozoya, Duarte, Nacif-, emprendida por el gobierno federal, Adela Román dispone del espacio para establecer un antes y un después, ya que ningún alcalde se había atrevido a meter la escoba tan a fondo.
En realidad, la percepción social de la renuncia en cadena en la Capama se mueve entre el entendido de que la destitución obedece a la denuncia presentada ayer mismo por la Comisión Nacional del Agua, por los delitos de daño ambiental en perjuicio de la sociedad acapulqueña y por incapacidad para operar plantas tratadoras de aguas residuales. Y fundamentalmente, por los estragos incrustados a la imagen del gobierno porteño en plena etapa de golpeteo por el poder.
Uno de los factores centrales que motivaron la dimisión de Rubén Figueroa Alcocer y Ángel Aguirre Rivero de la gubernatura guerrerense, se localiza en el arropamiento de integrantes de sus respectivos gabinetes que acreditaban presunta responsabilidad en los sucesos sangrientos de Aguas Blancas, Rubén Figueroa; y en la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala, Ángel Aguirre.
Si ambos gobernadores hubieran destituido a los integrantes de su gabinete de seguridad pública y abierto inmediatamente investigaciones judiciales de cada uno de ellos sin la protección del poder, la historia sería otra. Pero el hubiera no existe.
Al final de cuentas, la alcaldesa Román llegó a ese punto y optó por la ruta institucional.
El estado de desastre financiero, agua lodosa vertiéndose a los domicilios, plantas tratadoras sin mantenimiento, miles de fugas sin atenderse, tomas irregulares, descargas ilegales de aguas residuales, aunado al sobreendeudamiento heredado por el gobierno de Evodio Velázquez, son parte del detonador que tiene al organismo en situación de quiebra.
De ahí la importancia de dar seguimiento al decálogo de acciones explicado por Adela Román; en el fondo, la destitución de funcionarios registrada este martes se circunscribe a un proyecto de reencauzamiento operativo y funcional ligado a un proyecto nacional de conservación del poder. Por lo que cabe la posibilidad de que durante las siguientes semanas se presenten nuevas dimisiones.
El desafío de un escenario de renuncias en masa es que su impacto real trasciende más allá de oficinas de gobierno, sobre todo cuando hay intereses particulares coaligados al sector burocrático municipal.
Después de todo, la corrupción oficial se alimenta con las prebendas que personajes de la iniciativa privada colocan sobre la mesa de funcionarios.
En este contexto, lo prioritario es apresurar investigaciones para detectar puntos expulsores de aguas residuales a la bahía de Acapulco y dar seguimiento real a la efectividad observada por la Capama en respuestas a denuncias de fugas del vital líquido y fallas en el sistema de distribución.
Al final de cuentas, la iniciativa de sacudir la estructura de la Capama merece ser reproducida por la propia Conagua para fiscalizar supuestas inversiones multimillonarias realizadas por el gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el fin de reconstruir los sistemas de captación de agua de Acapulco y parte de la red distribuidora, en diciembre del 2013 después de las tormentas Ingrid y Manuel.
De paso, debe revisarse si fue aplicado como sé informó el presupuesto anunciado por el entonces gobernador Ángel Aguirre cuando informó para renovar la tubería de agua potable colocada bajo la ruta que sigue el Acabús, desde el acceso a Acapulco hasta el centro de la ciudad.
Ahí radica el principal desafío del movimiento operado por la presidente para remover funcionarios: la inspección de lo que ha ocurrido en la Capama durante los últimos 18 meses no merece terminar en un referente anecdótico de la historia municipal.
Si la política requiere un sentido de la memoria legal de Acaulco, aquí está el punto de partida.
