Reporte México
Raúl Law Zazueta
Es evidente que para combatir el delito de extorsión, se hace necesaria una reforma al marco legal a nivel federal y de los Estados, para proporcionarle a la autoridad las herramientas jurídicas que le permitan una mayor eficiencia y eficacia para realizar su trabajo.
Para ello, se tendrá que reformar la ley de telecomunicaciones, los códigos penales y de procedimientos penales, porque es fundamental que se tipifique como delito el ’ Cobro de Piso’ y como un imperativo categórico, que se les obligue a las empresas de teléfonos celulares que todos los usuarios estén debidamente registrados, además, entre otras, la imposición de penas más severas para inhibir la comisión de este flagelo social.
La necesidad es tan grande que el adquirir números telefónicos sin ninguna reglamentación se ha prestado al incremento exponencial de delitos, el anonimato de los usuarios trae asolados a los ciudadanos y a la autoridad. Los directivos de las compañías telefónicas están conscientes pues es frecuente las solicitudes de ’cambio de línea" por el temor al hackeo debido a la cantidad de llamadas telefónicas de números desconocidos.
Ante el aumento del delito de extorsión se hace necesaria la regularización inmediata y la cancelación de los números que actualmente no estén registrados por alguna persona física o moral.
La venta de números celulares con chips , sin registro , para las compañías telefónicas representan jugosos ingresos, pues con solo 60 pesos se inician con un número que cada semana se tiene que estar pagando recargas, el negocio está en darles el acceso a las personas que en este momento suman millones de usuarios. Se les ha facilitado el uso de una herramienta de comunicación imprescindible pero sin ninguna regulación para evitar delinquir.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California dieron a conocer en sus respectivas conferencias de prensa, la detención de peligrosas bandas de delincuentes y la estrategia para hacer frente al delito de extorsión que ha ido en aumento, entre otras causas, por el desarrollo tecnológico, la proliferación y acceso a las nuevas tecnologías de comunicación.
Los actuales legisladores deben romper con los privilegios de anteponer las ganancias de las empresas, creo que se les debe obligar a registrar con nombre y apellido y domicilio a quienes somos poseedores de un teléfono celular.
No olvidamos que la venta de Teléfonos de México por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, al empresario Carlos Slim, fue un cambio del ’ desarrollo estabilizador ’ al ’ neoliberalismo económico’ . Un grave error contra la nación y con el falso argumento que el monopolio, entonces del gobierno federal ’ estaba quebrado’ ; ello le ha permitido el enriquecimiento desmedido,
La fórmula la inició Carlos Salinas de Gortari y los subsecuentes presidentes neoliberales Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, vendieron las empresas del Estado, para beneficiar a sus amigos, quienes de empresarios modestos se convirtieron en los potentados de nuestros tiempos gracias a su relación con el poder político.
El desmantelamiento permitió el surgimiento de los nuevos ricos cuyos nombres hoy son ampliamente conocidos. Se vieron favorecidos, pero ese maridaje con la cleptocracia gobernante convirtió a la economía del país en una pirámide donde en la amplia base aumentó el desempleo, la marginación y la pobreza del pueblo.
Los celulares o -Social Media,- son el instrumento fundamental de comunicación de la sociedad, pero también se han convertido en uno de los factores que incrementan la inseguridad, la impunidad y hasta la infidelidad entre parejas, afectando la convivencia sana de la sociedad.
La única obligación del usuario es pagar a las empresas el uso de la ’línea telefónica’, lo que ha permitido el anonimato y el incremento de la extorsión telefónica, entre otros delitos, pero ya no se debe seguir siendo contemplativos ante una realidad que nos ofende y afecta a las personas y a la sociedad toda.
La reforma legal se hace necesaria porque por encima del negocio de las compañías telefónicas está el interés superior de las personas y la autoridad está obligada a garantizar la Paz Social.
