Desde el Estado de México, se fortalece la coordinación interinstitucional para una administración pública transparente y eficiente.
ÁLVARO OBREGÓN, Ciudad de México.– En el marco de la LXXV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralorías Estados–Federación (CPCE-F), Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, tomó protesta como Comisaria de este organismo para el periodo 2026, con lo que se consolida la participación de la entidad mexiquense en los esfuerzos nacionales para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción.
La designación se realizó durante la Primera Sesión Ordinaria y Asamblea Plenaria de la CPCE-F, celebrada en las instalaciones de la Subsecretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde se formalizó la integración de la nueva Mesa Directiva del organismo.
Al asumir esta responsabilidad, Hilda Salazar Gil refrendó su compromiso para desempeñarse con apego a la legalidad, responsabilidad y vocación de servicio, a fin de fortalecer la confianza ciudadana mediante acciones orientadas a la rendición de cuentas, la transparencia y la prevención de actos de corrupción.
Entre sus funciones está la de impulsar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno —municipios, alcaldías de la Ciudad de México, entidades federativas y el Gobierno de México— en materia de control y evaluación de la gestión pública, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, fortalecer el Sistema Nacional de Control y Evaluación, y coadyuvar en acciones que contribuyan a combatir la impunidad.
En ese mismo acto, Alejandra Pani Barragán, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, rindió protesta como Coordinadora Nacional de Contralorías México 2026; María Teresa Herrera Tello, Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, fue designada como Vocera de la CPCE-F.
La Comisión Permanente de Contralorías Estados–Federación es un órgano colegiado, cuyo propósito es fortalecer la coordinación institucional y el intercambio de experiencias para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, así como del Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental, suscrito con las entidades federativas.
