El atentado

BAJO FUEGO

José Antonio Rivera Rosales

BAJO FUEGO

Política

Abril 07, 2019 15:30 hrs.
Política Nacional › México Guerrero
José Antonio Rivera Rosales › codice21.com.mx

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Aunque lo han querido minimizar de diversas maneras, la explosión ocurrida el miércoles 3 en la comunidad de Xaltianguis constituye un atentado terrorista en toda forma.

Se trataría del primer atentado terrorista ocurrido en Guerrero, cuyos alcances parecen no tener objetivos precisos pero que, a querer o no, tiene en su haber destinatarios muy específicos que trataremos de discernir en esta entrega.

Como es de comprender, cuando se conocieron los hechos las autoridades locales, léase el gobernador Héctor Astudillo y la alcaldesa Adela Román Ocampo, procedieron a desdeñar el incidente pese a que se trató claramente de un acto criminal que pudo tener consecuencias devastadoras.

En una lectura estricta, ambos gobernantes civiles procedieron con una conducta política que buscó en todo momento limitar el impacto mediático del acontecimiento con el fin de evitar la propagación de miedo, incertidumbre y zozobra. Es decir, hicieron lo que tenían que hacer.

Pero ello no resta ni una pequeña porción a la gravedad que se deriva de este acto criminal que, les guste o no, comenzará a ser de uso común entre los grupos delincuenciales y formaciones irregulares que están aprendiendo del ejemplo.

Es decir, este atentado marcará un antes y un después en los conflictos armados que se suceden con frecuencia en el territorio. Pareciera excesivo afirmar lo anterior, pero estamos seguros de que eso es lo que sucederá.

Según se desprende de la información disponible, esa tarde de miércoles sólo hizo explosión uno de los dos artefactos colocados dentro del automóvil utilizado para ello. Si hubieran estallado los dos artefactos juntos, la onda expansiva habría sido potencialmente mucho más destructiva de lo que fue y, probablemente, habría causado varios muertos.

El otro artefacto -un tubo metálico de unos 40 centímetros de largo con un diámetro de 10 centímetros- simplemente se desconectó, lo que evitó un estallido más potente en ese perímetro.

El detonador era un mecanismo de circuitos activados por una llamada de celular, es decir, operado a distancia, que estaba adherido con cintas al tubo metálico. Según explicación de un conocedor de explosivos, los materiales para ese tipo de bombas es posible conseguirlos en un centro comercial, mientras que los instructivos para fabricar esos detonadores pueden encontrarse en internet.

De todos modos, la fabricación de ese tipo de bomba requiere un cierto grado de conocimiento y pericia que difícilmente se obtendrían en un aula universitaria. Más bien, se trata de operaciones más propias de grupo clandestinos o formaciones irregulares que han llegado a utilizar el terrorismo como arma para alcanzar objetivos políticos, económicos o criminales.

El impacto de la explosión derribó un muro y causó daños visibles a media docena de automóviles estacionados cerca, frente al espacio utilizado como comedor por la Policía Ciudadana y junto a la casa utilizada como base por esa misma agrupación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la organización de comunitarios que ha mantenido firme su resguardo de la comunidad.

Si nos atenemos a la lectura literal del escenario, pareciera obvio que el objetivo eran los comunitarios. Pero habría que hacer observaciones sobre aspectos no tan visibles de dicho escenario.

El coche-bomba fue colocado frente al comedor de los comunitarios pero junto al muro perimetral situado al frente, a una distancia que no llamara mucho la atención. Sin embargo, esa misma distancia fue la que evitó víctimas mortales entre las escasas personas presentes en el momento de la explosión.

Es decir, a primera vista parecería que con la explosión se trató de hacer ruido pero tratando de evitar al máximo víctimas mortales.

Toca a las autoridades competentes -en este caso, dado que se trató de un acto de corte terrorista, tendría que ser la Fiscalía General de la República (FGR)- informar qué tipo específico de explosivo fue utilizado para hacer efectivo el atentado.

Algunas fuentes policiacas ya adelantaron que hay cuatro sospechosos de haber trasladado el vehículo al lugar donde estalló, los que deben ser presentados ante la justicia para evitar que el ilícito siente un precedente de impunidad.

Como quiera que sea, al margen de la intencionalidad, el ilícito constituye el primer acto terrorista ocurrido en Guerrero y podría tentar a otros grupos a proceder de la misma manera. Así comenzó la racha de explosiones ocurridas en Colombia, particularmente en Medellín, por iniciativa de la mente criminal de Pablo Emilio Escobar, temporada terrorífica que sólo terminó con la muerte del capo colombiano.

Si, como sostiene el experto consultado, los materiales explosivos se pueden comprar en una ferretería y las instrucciones consultarse por internet, entonces tenemos un escenario de terror en puerta.

Por otra parte, este episodio terrible ocurrido en Xaltianguis al parecer estaba destinado a llamar la atención de todos los actores gubernamentales locales y nacionales. ¿Con qué fin? Es muy pronto para saberlo.

Pero un acto de esta naturaleza trasciende por completo a los gobiernos locales -estado y municipio- para enfocar su atención en el gobierno nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario ni siquiera se percató del acontecimiento -por lo menos no de manera explícita-, pero es obvio que a las instancias de seguridad nacional como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, debieron llamarle poderosamente la atención.

Por ahora es imposible discernir quiénes son los autores del atentado, pero la explosión con seguridad está ahora en los radares de la Cuarta Transformación, que deberá dilucidar con suma cautela lo que está por venir. Este antecedente no es para menospreciarse, de eso estamos seguros.

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