Cobro de cuotas: vigente en la UAGro

Apenas en los inicios de marzo pasado lo sostuvo, temeroso de los eventuales embates políticos de la Cuarta Transformación que acumulaba tres meses. Era desde luego, una mentira garrafal: «la UAGro no cobra ningún tipo de cuota a sus estudiantes». Incluso, el rector de dicha institución, Javier Saldaña Almazán, se dijo dispuesto a empujar ante el Consejo Universitario el cobro de un «arancel general». Con el paso del tiempose le olvidó y no lo hizo. Pasado el susto de ser llamado a cuentas por la llegada de AMLO a la presidencia del país y con una mayoría legislativa del Morena en el Congreso local que no opera, el rector agarró valor. Hace ocho días —el miércoles 26 de junio—, cambió el sentido de su discurso. Admitió implícitamente, que mintió: «El cobro de cuotas continuará en la UAGro hasta que el Congreso federal no otorgue 110 millones de pesos para problemas básicos». De ahí se abre lo demás.

USO POLÍTICO DE LAS CUOTAS. – Más que canalizarlas al desarrollo de la institución o a cubrir «problemas básicos» en la UAGro, el cobro de las cuotas estudiantiles va directo a satisfacer necesidades políticas tanto del rector, como de las distintas corrientes internas que se disputan el botín universitario. 1.- La UAGro cuenta con números muy altos de estudiantes. Casi 90 mil distribuidos en 69 preparatorias, 76 carreras a nivel licenciatura y 29 en el nivel posgrado. El estimado en pesos por concepto nada más por el pago de inscripción a razón de 400,500 y mil 170 pesos es muy alto: más de 60 millones de pesos. Fuera de ese cobro están los cursos propedéuticos, la expedición de credenciales, el pago por concepto de exámenes extraordinarios, el examen Egel —en nivel medio superior y superior-, la certificación de documentos y todos los trámites por titulación. De escuelas privadas y de la propia UAGro. Además, la Universidad guerrerense recibió en 2018 un financiamiento de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), por 2 millones 200 mil pesos. En el presupuesto de Egresos 2019 aprobado por el Congreso local, la UAGro fue subsidiada, además, con poco más de mil 800 millones de pesos. Y la SEP le otorgó otros 750 millones. De todo lo anterior paga salarios y prestaciones a poco más de 3 mil docentes. Como se ve, los dineros son muchos. Y los resultados, muy pobres.2.- Desde el pasado 20 de diciembre de 2018, el morenista y presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, Ricardo Castillo Peña —pupilo político del empresario Pioquinto Damián Huato y quién presumiblemente, cobra también su plaza magisterial protegido por Javier Sanmartín Jaramillo, secretario de la sección 14 del SNTE—, anunció en tribuna que «ya tengo listo el pre dictamen que eliminará el cobro de cuotas de inscripción en la UAGro». Al final, todo quedó en mera palabrería del legislador. Un susto de esa fracción legislativa hacia el rector que no logró trascender más que los medios de comunicación y las redes sociales. Y de acuerdo con el presupuesto de Egresos de la Federación 2019, las universidades de todo el país estarían obligadas a someter a la revisión de un auditor externo su matrícula y dar información sobre la aplicación y uso de los recursos públicos. Nada hay al respecto. El rector debe solazarse de todas esas puntadas políticas queno lo alcanzan. 3.- Los acelerados por llegar al relevo en la rectoría están desatados. El rector Javier Saldaña precisa de alimentar su propio «cochinito» a fin de impulsar al aspirante a suplirlo que se ajuste a sus intereses. Resalta su esposa Areli Almazán, el ex rector Arturo Contreras —quien busca reelegirse—, y otros personajes como Efrén Arellano. De ahí que, el cobro de las cuotas estudiantiles, tengan como fin la elocuente inversión electoral por adelantado. A todo lo anterior se agrega la propia aspiración política del rector Saldaña Almazán, quien busca encaramarse como candidato a gobernador, emulando al conquistador español Hernán Cortés: vendiendo espejitos a cambio de oro. Así, el Morena no puede ni con el gobernador ni con el rector.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Trasciende que la diputada local del Morena, Nilsan Hilario Mendoza, es propietaria de una farmacia en el municipio de Ometepec. Era proveedora de medicamentos en aquel municipio. Pero al llegar a la alcaldía el priista Efrén Adame Montalván, se le acabó el negocio. La propia Secretaría de Salud le debe dinero. Y por esa razón, comenzó a ventilar corruptelas en esa dependencia. También, a denunciar hostigamientos de la policía preventiva de Chilpancingo. Protagonismo puro en búsqueda de reflectores mediáticos. Y de preservación de intereses. Qué tal.