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De imposiciones y reveses

Armando Ríos Ruiz

De imposiciones y reveses

Política

Marzo 17, 2021 21:22 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
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El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica, gracias a la acción promovida por las empresas Eoliatec del Pacífico y Zuma Energía, que aplicará a todas las factorías participantes del sector.

Sin contar los anteriores, tres de los últimos sucesos dejan ver el sentimiento que aflora en el primer mandatario de manera espontánea, que lo perfila con cierta claridad rumbo a la tan comentada dictadura: aeropuerto de Texcoco.
La orden tajante a la Cámara de Diputados de aprobar la ley de la Industria Eléctrica sin cambiarle una coma. La orden de investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, por frenar la ley sobre el caso anterior.
En el primer tema, el auditor superior, David Colmenares, se vio presionado por la actitud del Presidente de México en una mañanera, quien, para variar, tenía otros datos sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Obra sustituida por su emblemática Santa Lucía. Sentenció, además, que la ASF se ponía al servicio de sus adversarios.
Más valía una mentira piadosa que perder el cargo. El auditor reconoció de inmediato que su informe contenía inconsistencias en la cuantificación, de más de 31 mil millones de pesos, que tanto molestó al primer mandatario. ¿Para qué defender su verdad? Mejor aceptar un error inexistente.
Sin embargo, el auditor especial Agustín Caso Raphael, separado de su puesto a raíz de la conclusión, manifestó que respeta la investidura presidencial. ’Pero las auditorias (que hizo) a la suspensión de la terminal aérea están bien hechas’. Defendió su integridad y sostuvo en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que la cancelación costaría la cantidad que arrojó su trabajo.
En el asunto de la Ley Eléctrica, el Congreso la aprobó como ordenó el Ejecutivo, a pesar de que da preferencia a las energías generadas a partir del combustóleo y del carbón. Dos productos que pertenecen a la prehistoria y que, como todo mundo sabe, envenenan a todo lo que respira. ¿Algún representante popular la leyó? ¿Para qué, si sólo se trataba de ejecutar una orden?
Resultaba inclusive curioso que imponer esa ley significara contravenir la visión del presidente vecino Joe Biden, quien se ha declarado defensor a ultranza de las energías limpias, para las que tiene trazado un programa bastante ambicioso que pretende revertir el calentamiento global y en el cual ha decidido inmiscuir a los vecinos de su país.
Pero surgió un paladín de la justicia. Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, quien concedió suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica, gracias a la acción promovida por las empresas Eoliatec del Pacífico y Zuma Energía, que aplicará a todas las factorías participantes del sector.
De inmediato, nuestro mandatario ordenó una investigación al profesional al servicio de los indeseables. Pidió la intervención de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, para que revisaran su actuación. Otra sorpresa apareció escasamente un día después.
La Corte contestó que los juzgadores federales actúan con independencia y autonomía.
Queramos creerlo o no, todo indica que este poder se ha mantenido aún resistente a los embates del mando presidencial, que intenta adueñarse de él, para imponer su voluntad en donde mejor le parezca.


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