Poder y Dinero
Víctor Sánchez Baños
Todo el estudio de los políticos se emplea
en cubrirle el rostro a la mentira.
Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648)
A nivel local —en la Ciudad de México— y federal, legisladores preparan reformas a varias leyes para legalizar la eutanasia, una acción u omisión intencional de
un profesional médico para terminar con la vida de un paciente desahuciado, a petición suya y con su consentimiento, para evitar sufrimiento.
No es un asunto nuevo, pero surge de la vieja chistera en momentos en que hay otros temas nacionales.
En 2017 se promovió ante la justicia federal una acción de inconstitucionalidad que demandó una persona que exigía una ’muerte digna’. La respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue reconocer ese derecho, pero mantener la prohibición a la eutanasia.
Más tarde, en 2023 y 2024, se presentaron iniciativas legislativas y debates abiertos sobre la regulación de la eutanasia en algunos estados.
La anterior SCJN observaba estos procesos sin emisión
de sentencias definitivas para la legalización.
Estimado lector, hace algunos años conocí el caso de un enfermo terminal que pedía una muerte digna. Como abogado de formación económica, sin litigar el caso, me encontré en una encrucijada, ya que por un lado la ley prohíbe esa acción, pero por otro, quien tiene que tomar ese tipo de decisiones es el paciente,
quien puede estar sufriendo lo indecible.
En México la eutanasia es ilegal. El marco legal vigente prohíbe, además, el suicidio asistido, aunque permite la suspensión o rechazo de tratamientos que prolongan la vida, protegidos bajo la Ley de Voluntad Anticipada.
La eutanasia está tipificada como homicidio por piedad en el Código Penal Federal.
Se dieron debates el año pasado en el Congreso de la CDMX y en algunos estados se discute activamente la despenalización y regulación de la eutanasia.
La iniciativa legislativa conocida como Ley Trasciende busca ahora permitir la eutanasia para personas con condiciones irreversibles que generen sufrimiento intenso y deterioro severo en la calidad de vida, bajo estrictos requisitos médicos y jurídicos.
Hay casos y demandas judiciales que impulsan la discusión sobre la autonomía y derechos de los pacientes.
A estas personas solo les queda la Ley de Voluntad Anticipada, que les permite expresar de forma anticipada y voluntaria sus deseos sobre los tratamientos médicos que desean o no recibir en caso de encontrarse en una etapa terminal o en incapacidad para comunicarse.
Está vigente en la Ciudad de México y en al menos 18 estados más, con
ciertas variaciones locales.
Este recurso está permitido en España, Nueva Zelanda, Uruguay, Ecuador, Colombia, Canadá, así como once estados de Estados Unidos.
En la mayoría de los casos, el paciente es el que se autoadministra.
Definitivamente, es un tema polémico. Pero el debate es la manera de conocer qué es lo que legítimamente quiere la sociedad.
El individuo tiene derecho a decidir sobre su vida en estos casos extremos.
Es un tema polémico que obliga a escuchar opiniones de abogados, religiosos, políticos y la sociedad en general.
Poder
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados, encabezada por Elías Lixa, hizo un análisis sobre la Ley General contra la Extorsión, que si bien es un avance en nada resuelve las necesidades estructurales de seguridad pública de estados y municipios.
El motivo y tiene razón el estudio panista es que carece de sustento presupuestal para su implementación: al no incluir partidas de recursos nuevas, la ejecución de la ley recaerá sobre presupuestos ya comprometidos.
Ello genera un efecto de desplazamiento del gasto y debilita programas prioritarios. A ello se suma la aprobación de normas escondidas en esa ley que van contra la libertad de expresión.
Dinero Se prevé que Chiapas reciba más de 35 mil millones de pesos en inversión física presupuestada por la Federación para este año.
Así, la entidad se convierte en la de mayor inversión en infraestructura y desarrollo económico.
Responsabilidad y Gobernanza Grupo Bimbo, que lideran Daniel Servitje y Alejandro Rodríguez Baz, impulsa varias iniciativas contra la obesidad infantil, además de promover igualdad de género, reducción del consumo de agua y energía, y prácticas éticas en su cadena de suministro, lo que lo hace líder en Responsabilidad Social en México en el ramo de productos alimenticios.
