Crónicas del Acolhuacan
Kkohma
El 2026 inició con una fuerza política poco común en la historia reciente de México para los pueblos originarios. Quienes observamos el panorama nacional sabemos que el 2025 marcó un parteaguas en el reconocimiento jurídico, presupuestal y político de las comunidades indígenas. Y Texcoco, por supuesto, no está al margen… aunque algunos de sus gobernantes parezcan empeñados en que sí.
A nivel nacional, el cambio no es menor. México reconoce 68 etnias con lengua propia y más de 7 millones de personas hablantes de lengua indígena, que forman parte de alrededor de 12 millones de habitantes en hogares indígenas. Sin embargo, esa diversidad histórica ha coexistido con rezagos estructurales: cerca del 77% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y alrededor del 20% es analfabeta, una muestra clara de siglos de marginación institucional.
Por ello, la reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público con acceso directo al presupuesto representa un cambio estructural en la relación entre el Estado mexicano y las comunidades. El nuevo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) destina miles de millones de pesos para que las propias comunidades decidan en asamblea el destino de los recursos. Tan solo en 2025 el fondo superó 12 mil millones de pesos, y para 2026 se proyecta un incremento a 13 mil 500 millones de pesos, distribuidos entre más de 20 mil comunidades indígenas del país.
Es decir, por primera vez en la historia moderna del país, los pueblos originarios no solo son reconocidos simbólicamente, sino presupuestalmente. Y eso, en términos políticos, cambia todo.
En Texcoco, por ejemplo, cuatro pueblos originarios recibieron presupuesto directo del FAISPIAM, a pesar de que más de 13 comunidades están reconocidas por el Congreso del Estado de México, y algunas más incluso por el propio —aunque todavía novato— Ayuntamiento encabezado por el Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez.
El punto no es menor: después de décadas de lucha jurídica, organizativa y comunitaria por el reconocimiento de los pueblos originarios del Acolhuacan, hoy el marco legal finalmente empieza a alinearse con esa realidad histórica. Lo paradójico es que mientras el país avanza en materia indígena, el gobierno municipal de Texcoco parece caminar con el manual político de hace veinte años.
Porque mientras los pueblos originarios del país reciben presupuesto directo, en Texcoco ni siquiera existe una Dirección de Asuntos Indígenas, a pesar de que su creación no es un capricho activista, sino prácticamente una obligación derivada del marco constitucional estatal y de los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.
En lo que va del año, los pueblos originarios han encontrado ventanas de participación en varios frentes:
• En la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que fortalece las acciones afirmativas.
• En el modelo capitalino de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, donde los pueblos y barrios originarios participan activamente en procesos de consulta.
• En el sistema judicial, donde diversos fallos han comenzado a reconocer derechos comunitarios históricamente ignorados.
Por ejemplo, en la Ciudad de México, más de 56 pueblos originarios participan formalmente en el Presupuesto Participativo, decidiendo en asambleas el destino de recursos públicos para obras comunitarias.
Y aquí, aparece un pequeño detalle técnico que a veces incomoda a los gobiernos locales: la planeación.
En teoría, —según el artículo 26 de la Constitución y el propio sistema nacional de planeación democrática— los gobiernos deben construir planes de desarrollo con participación social, especialmente cuando se trata de pueblos originarios, quienes incluso tienen reconocido ese derecho en el artículo 2 constitucional y en el Convenio 169 de la OIT.
En la práctica, sin embargo, la planeación municipal de Texcoco parece operar bajo un modelo mucho más innovador: improvisar primero y explicar después. El Plan de Desarrollo se menciona, se cita, se presume…, pero difícilmente se traduce en programas claros, indicadores medibles o políticas públicas específicas para los pueblos originarios.
Quizá por eso la participación comunitaria en Texcoco se reduce muchas veces en lo que podríamos llamar, ’planeación ornamental’: se convoca a reuniones, se toma la foto, se menciona al pueblo en el discurso…, y luego, cada quien regresa a su oficina a seguir haciendo exactamente lo mismo que antes.
Mientras tanto, en Texcoco…, bueno, en Texcoco seguimos discutiendo si las autoridades tradicionales de los pueblos deben o no opinar sobre las decisiones que afectan a sus comunidades.
En el año más crítico rumbo a las próximas elecciones, prácticamente todo el aparato político nacional —especialmente dentro de Morena— parece estar concentrado en un mensaje simple: hacer las cosas bien para llegar lo mejor posible a los procesos electorales futuros.
Todo…, menos el grupo Texcoco.
El Dr. Higinio Martínez Miranda, líder moral y político de buena parte de los funcionarios mexiquenses actuales, parece enfrentarse prácticamente él solo a sus adversarios políticos. No porque le falten cuadros, sino porque varios de ellos han decidido convertirse en una especie de, comentario político involuntario sobre la mediocridad administrativa.
Ahí está, por ejemplo, una senadora suplente que durante su paso por el Senado, destacó por la compleja tarea de votar a favor o en contra cuando había sesión, y que ahora parece haber encontrado su verdadera vocación: realizar quests de influencer entre diputados.
También hay un representante partidista que practica con entusiasmo el fuego amigo, quizá convencido de que la política es una especie de deporte extremo donde el objetivo es disparar primero y preguntar después.
Y por supuesto, está el edil municipal, que insiste en repetir que todo se hace ’de la mano del pueblo’, aunque curiosamente no existe una sistematización de políticas públicas, ni un plan de trabajo claro, ni indicadores de resultados.
Eso sí, el Bando Municipal se copia y pega con una eficiencia admirable —probablemente el documento más replicado de la administración— mientras el presidente disfruta del circuito regional de carnavales.
Todo esto ocurre en un Texcoco que enfrenta problemas muy reales:
inseguridad creciente, expansión del comercio informal y una preocupante desocupación laboral. (Desocupación laboral significa falta de empleo, por si acaso alguien del gabinete municipal llega a leer esto).
Así que en un año donde el mensaje político nacional es construir legitimidad con resultados, el grupo Texcoco parece apostar por el método clásico:
1. gastar una fortuna en volver a convencer a las bases morenistas que ya deberían estar convencidas,
2. reactivar estructuras territoriales integradas por pseudo líderes y neófitos veteranos —sí, ambos al mismo tiempo—
3. y celebrar como hazaña electoral obtener 250 votos en una casilla con lista nominal de más de 2,000 electores.
Saludos cordiales a los ’líderes’ de Tocuila.
Esperemos que al ’Tlatoani texcocano’ todavía le queden fuerzas para acarrear una vez más a sus Avengers políticos locales. Porque mientras en México se están impulsando cambios históricos en materia de democracia participativa, derechos indígenas y gobernanza comunitaria, en Texcoco algunos delegados siguen jugando a ser presidentes municipales…, pero de su propia cuadra.
—
Kkohma
Politólogo, especialista en materia indígena y activista texcocano.
