Fobia contra las instituciones

Durante muchos años, los gobiernos priistas, buenos, malos, regulares, construyeron políticas que promovieron la democracia, con tropiezos y aciertos. Creó instituciones electorales y permitió la participación de otros partidos, pese a mantener a lo largo de su historia, un sistema autoritario que acabó con la paciencia de muchos. Pero con todos sus altibajos, dejó un México dotado de defensas.
Así lo recuerdo y como siempre impuso su ley y ganaba todas, entre amigos llegó a decirse en plena efervescencia electoral: —¿quién es el candidato del PRI a la Presidencia? —Miguel de la Madrid—, contestaban—. Replicaba el que preguntó: —¡No. ¡Ese ya es Presidente! ¡Me refiero al que viene…!
Esto que tanto han criticado los de Morena, es lo que ya hace, con el supuesto triunfo de la Presidente y con la aniquilación de la Suprema Corte, cuyos elementos serán sustituidos también gracias a una competencia electoral por demás absurda, que acabó con suplir a todos los encargados de administrar justicia, con auténticos extraños, de capacidad infinitamente desconocida y con personas que adquirieron sus títulos en la universidad de Santo Domingo. La que más profesionales da a México. La más rápida y la más barata.
Bastaron seis años —más los que se acumulen—, para hacer trizas a un número increíblemente elevado de instituciones que incomodaban al Mandatario por mero gusto. Así actuaba. Odiaba simplemente por odiar. Sin siquiera haber cruzado palabras con algún político joven, Preguntaba, por ejemplo: ¿quién ese ese pirrurris?’ Y esto era señal de que ya se había convertido en su enemigo para todos los días de esa persona. Jamás soportó la luz de otros.
Y preguntamos: ¿por qué tanta destrucción? Obviamente no hay más respuestas que, porque la Corte, por ejemplo, era un estorbo enorme para sus planes dictatoriales. Inventó un plan siniestro para desterrar a los ministros competentes. Con galardones ganados a pulso en diversas instituciones y con un recorrido en instancias en donde se practica a todas horas el Derecho. La actual Presidente se encargó de consumar un plan que ni siquiera era suyo.
El más reciente exterminio es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyas funciones serán transferidas al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Siempre con argumentos increíbles, como para evitar duplicidades o para acabar con la corrupción, que hoy está más desatada que nunca.
Esta dependencia era a todas luces necesaria, ya que, entre otras funciones, se dedicaba a medir la efectividad de los planes del gobierno para combatir la pobreza y para esto, requería de personal altamente calificado, versado en la materia. ’Había sido una de las pocas instancias técnicas, autónomas y con credibilidad nacional e internacional encargada de medir, con rigor metodológico, los avances y fracasos de los programas sociales’.
¿Por qué su desaparición? Simplemente porque a nuestro gobierno le disgusta sobremanera que quien quiera informarse sobre estos asuntos, acuda a un lugar en donde puede obtener información de sobra. Quiere pues, mantener en secreto los desaciertos, las fallas, la podredumbre que esconde bajo la alfombra. Quiere, en suma, informar con cifras inventadas, como ocurre en otros rubros.
Muchas otras fueron también desaparecidas para aprovechar sus presupuestos. El del gobierno ya no alcanzará para mantener los programas sociales encargados de repartir dinero en efectivo, para tener agradecidos los votos que necesita en cada elección. Es una forma de justificar que gana las elecciones con cifras espeluznantes, nunca vistas. Si pierde, queda entre la población, la idea de que ganó gracias a las dádivas, aunque se valga del fraude.
Los especialistas se han cansado de repetir que el Inegi no tiene la capacidad para realizar las nuevas tareas. Esto es otro factor que se agregará a la incapacidad gubernamental. Ahora se crearon riesgos de manipulación de datos y de debilitamiento de la política social. ¿A quién le importa?
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