Alfredo Contreras Prado
Ciudad de Mex. - 29 de junio. - Hace unos días, ’Grupo Salinas’ emitió un comunicado en el que cuestiona una resolución judicial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que negó un amparo a Grupo Elektra relacionado con una deuda de más de 2 mil millones de pesos al SAT.
Según el pronunciamiento, la resolución fue calificada por la empresa como ’arbitraria e ilegal’, al considerar que carece de sustento jurídico y contraviene principios como la legalidad, la seguridad jurídica y la equidad tributaria.
Grupo Salinas acusó que el fallo reproduce un patrón similar al de otro tribunal que resolvió un caso la semana pasada en su contra, y que a su juicio revela un alineamiento del Poder Judicial con intereses políticos.
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México
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El comunicado señala directamente a los magistrados Gustavo Roque Leyva, Manuel Monroy Álvarez y Karla Fernanda Fernández Barrios como responsables de la sentencia, la cual —según la empresa— ignoró pruebas documentales, reinterpretó el marco legal y excluyó elementos reconocidos por la ley.
Entre las objeciones planteadas por Grupo Salinas, se argumenta que el tribunal desestimó pérdidas fiscales reconocidas por ley, exigió requisitos no contemplados en la normativa vigente y rechazó pruebas como contratos mercantiles y estados de cuenta. Asimismo, el grupo empresarial sostiene que la resolución no tiene un análisis jurídico adecuado y responde a motivaciones políticas.
En una publicación en redes sociales, Grupo Salinas reiteró su postura señalando que ’el Poder Judicial se está institucionalizando como un mecanismo de extorsión fiscal’ y que está ’avalando abusos del SAT’, además de afirmar que continuará su defensa en instancias superiores.
