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¡Incertidumbre en ejidos y comunidades por crimen organizado!

¡Incertidumbre en ejidos y comunidades por crimen organizado!
Política
Noviembre 07, 2024 22:59 hrs.
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Guillermo Pimentel Balderas › tabloiderevista.com

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Procurador Agrario se reúne con especialistas de la UNAM, miembros de organizaciones civiles e integrantes de diversos colectivos y movimientos sociales para conformar la ’Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas’, con el objetivo de impulsar políticas públicas en favor de los núcleos agrarios.


Existe incertidumbre entre ejidatarios y comuneros del país por la creciente presencia del crimen organizado y que poco a poco predomina entre la población del medio rural.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembros de organizaciones civiles e integrantes de diversos colectivos y movimientos sociales, refieren que es fundamental la participación de instituciones del gobierno federal como la Procuraduría Agraria (PA) para restablecer la legalidad, el orden jurídico y el Estado de Derecho en el campo.

El titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, se reunió con académicos, investigadores y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para conformar la ’Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas’, con el objetivo de impulsar políticas públicas en favor de los núcleos agrarios.

En el contenido de la información, también se destaca que los especialistas y miembros de organizaciones civiles e integrantes de diversos colectivos y movimientos sociales, en sesión de trabajo presencial y virtual, con el Procurador Agrario, tuvo como objetivo central analizar la Agenda Socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas.

Se busca, afirma el funcionario, instrumentar políticas públicas que permitan la defensa y protección de los recursos naturales y ecosistemas en el territorio nacional, en coordinación con las distintas dependencias del Gobierno de México que integran el sector agrario.

También, patentiza que se pretende cambiar el marco neoliberal privatizador y de despojo hacia la propiedad social de la tierra, ya que como parte de un mismo proceso se tiene un objetivo nuevo: ’el rescate, la defensa y la revalorización de los ejidos y comunidades’.

Los ambientalistas: Cecilia Navarro, José Iván Zúñiga Pérez Tejada, Claudia Gómez Godoy, Fernando Bejarano González y Patricia Gerez Fernández, por su parte, destacaron la importancia de que la PA, como institución del sector agrario, disponga de facultades y atribuciones por mandato de ley que permitan, junto con el sector ambiental, incidir directamente con programas, acciones y estrategias para coadyuvar a proteger bosques, selvas, ríos, lagunas, todos los ecosistemas y la propiedad social de los núcleos agrarios.

Inclusive, insistieron en que la Agenda Socioambiental 2024 debe atender, entre otros aspectos prioritarios, la fragmentación de las áreas forestales y de los ejidos por nuevos centros urbanos y desarrollos turísticos; el uso de agroquímicos que contaminan los mantos acuíferos, así como la resolución de conflictos agrarios, los incendios forestales y la tala ilegal, entre otros.

Al final de la sesión, se hizo énfasis en que ante el rezago que persiste en la renovación tanto de los Órganos de Representación y Vigilancia, así como en los Reglamentos Internos y Estatutos Comunales, la PA debe fortalecer sus acciones para llevar a cabo esta actualización que permitan una eficaz organización interna de ejidos y comunidades, contribuyendo a mejorar la producción agropecuaria y alimentación, garantizar el acceso equitativo al agua, proteger la diversidad de la vida y fortalecer comunidades y territorios.

En conclusión, insistieron en que la creciente presencia del crimen organizado en ejidos y comunidades y la incertidumbre que predomina entre la población del medio rural, es fundamental la participación de la Procuraduría Agraria y de otras instituciones del gobierno federal para restablecer la legalidad, el orden jurídico y el Estado de Derecho en el campo.

¿RAN, tramposo?

Por otra parte, (por medio de un comunicado) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó al Registro Agrario Nacional (RAN) entregar a un comunero el documento que acredite a su padre fallecido como propietario ejidal.

O sea, el RAN está obligado a entregarle copia del certificado de derechos sobre tierras de uso común o de cualquier otro documento que acredite la propiedad ejidal a nombre de su padre fallecido.

El INAI resolvió a favor de la persona solicitante que presentó una queja porque el RAN le informó que no localizó antecedentes a nombre de su padre fallecido y aplicó el criterio de interpretación SO/007/2017, que establece que cuando el sujeto obligado no tenga obligación de contar con la información no es necesario declarar su inexistencia ante el Comité de Transparencia.

Sin embargo, en el análisis del caso, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas (en su ponencia) advirtió que el RAN (Sujeto obligado) incumplió el procedimiento de búsqueda, pues no consultó a la Dirección General de Registro y Control Documental ni a la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica.

En este caso (de acuerdo Folio de la solicitud: 330025124000802 y Número de expediente: RRD 2882/24), el RAN es responsable de controlar la tenencia y la seguridad documental de la tierra en propiedad social; es decir, la propiedad de los núcleos agrarios ejidales y comunales.

En su ponencia la Comisionada determinó también que el criterio SO/007/2017 no es aplicable porque se trata de acceso a datos personales y no a información pública. ’La ley establece que cuando se declare la inexistencia de datos personales el Comité de Transparencia debe confirmarla en un acta’. Además, pidió al RAN abstenerse de enviar datos personales por medios electrónicos sin verificar la identidad de la persona solicitante.

Es de destacar que el Pleno del INAI, en su sesión del 30 de octubre pasado, revocó por unanimidad la respuesta del RAN y le ordenó realizar una nueva búsqueda de los datos personales en todas sus unidades administrativas competentes. ’Los resultados los deberá poner a disposición de la persona solicitante, previa acreditación de su identidad’, constituyó.


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