¿Juicio político a Peña Nieto?

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, abrió una herida en los mexicanos que difícilmente cerrarán los discursos oficiales. Porque la palabra maldita, que perseguirá por siempre y en los anales de la historia al presidente priísta, Enrique Peña Nieto, es impunidad. Sustentada en la atroz evidencia: nunca se supo dónde quedaron los cuerpos de los 43 estudiantes. A pesar de aparatoso ruido mediático y de la cuantiosa inversión financiera para llegar a una ’verdad histórica’ que nadie cree. Y que cayó por el propio peso de las evidencias. De ahí se abren las lecturas.
EX PRESIDENTES: INTOCABILIDAD.- En la cultura política mexicana, difícilmente se le ajustan cuentas a los ex presidentes del país. En cuando menos tres asuntos candentes: represión, impunidad y corrupción. Prevalece el borrón y cuenta nueva. Aluden a que ’la historia los juzgará’. Y ahí acaba todo. Pero la dinámica del cambio en la sociedad mexicana implica no solo la pelea electoral para reconfigurar el rumbo del país, sino el necesario ajuste a las instituciones y su marco legal. Se lee así: 1.- La cultura presidencialista permite todo. Incluido el castigo a exgobernadores que se excedieron en los peculados o las represiones. Los renuncian de sus cargos. Y hasta cárcel les dan. Pero el presidente en turno sigue siendo una figura intocable para la justicia. Como si a su paso por la presidencia y como virtual encarnación de una deidad, hubiese hecho todo bien. Aplicó correctamente los presupuestos, no se enriqueció, no toleró los abusos de la Ley y la justicia, combatió la pobreza, la corrupción y frenó el fenómeno delictivo. Le suministró paz y estabilidad a sus gobernados. Incrementó sus niveles de vida y sus posibilidades de accesar a un buen empleo. Si lo hizo mal, su única condena es el clamor popular que lo lincha en marchas, plantones y hoy, en las redes sociales. Pero no pasa nada. 2.- Cuando el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, se decidió por la cruenta represión contra los estudiantes la noche del 2 de octubre de 1968, no encontró en su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, ningún tipo de castigo. Ni llamado de atención. Al contrario: este último decidió marcar su sexenio con mano dura. Comenzó con el halconazo o la matanza del jueves de corpus del 10 de junio de 1971. Y culminó con una feroz persecución contra los grupos afines a la guerrilla de los años setenta, que desembocaron en la Guerra Sucia, un fenómeno represivo del Estado mexicano que nunca se reconoció en los libros de historia. Por estos hechos y hasta que el 1 de diciembre de 2000, llegó Vicente Fox Quezada, como el primer presidente de la alternancia panista del país, el expresidente Luis Echeverría, fue obligado a declarar sobre esos hechos. Fox creó entonces, la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que al final, no rindió los frutos esperados. Ni Echeverría -escudándose en su senectud-, pisó la cárcel. Sin embargo, su caso sentó un precedente político contra los expresidentes. 3.- El presidente Enrique Peña Nieto -como Díaz Ordaz y Luis Echeverría-, también es del PRI. Lleva pegada a su piel, la escuela represiva y autoritaria. Durante su sexenio hubo toda clase de saqueos financieros de las arcas públicas. Tanto de gobernadores, senadores, diputados federales y locales, secretarios de su gabinete y hasta alcaldes. Toda esa fiesta interminable del cinismos e impunidades parece haber llegado a su fin. Peña Nieto, sin embargo, dejará una asignatura pendiente: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo justo es que, como hizo el panista Vicente Fox, contra Luis Echeverría, no solo cree una Fiscalía para investigar a fondo e imparcialmente, este aborrecible crimen de lesa humanidad, sino que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo llame a cuentas. Le finque juicio político. El clamor de un país huérfano y desvalido de justicia así se lo reclama. Y su compromiso indubitable con la nación, también.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Todo un vuelco dio la relación de lejanía entre el gobernador Héctor Astudillo, y la fracción mayoritaria del Morena en el Congreso local, liderada por Pablo Amílcar Sandoval. Resulta que, en la pasada sesión del martes, el Morena frenó un exhorto para que el gobernador dejara de entregar concesiones del transporte público. Y aprobó una iniciativa del mandatario estatal, para que las participaciones federales del ramo 33, sean entregadas a los alcaldes salientes y no a los que se van el próximo domingo. Lo cual representa una flagrante violación a la Ley de Coordinación Fiscal. Morena, PRI y Astudillo, atraviesan por un tórrido romance político. Qué tal.