Toluca, Estado de México, 23 de marzo de 2021.- En atención a la denuncia publicada en medios de comunicación sobre la presunta extorsión de que son víctimas algunas personas privadas de la libertad (PPL) en el área femenil del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), inició una investigación de oficio con el expediente número CODHEM/SP/251/2021, en defensa del derecho a una estancia digna y segura en prisión.
En razón de ello, la Codhem solicitó medidas precautorias en favor de las internas afectadas, en tanto personal de las visitadurías generales de Supervisión Penitenciaria y de Atención Especializada se trasladó a las instalaciones del penal para llevar a cabo las entrevistas y las diligencias correspondientes para salvaguardar sus derechos humanos, su integridad y seguridad.
En el contexto del Cuarto Informe Especial Penitenciario de la Codhem, enfocado a la situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en la infraestructura carcelaria estatal, el Organismo ha advertido las problemáticas que obstaculizan la defensa efectiva de sus derechos fundamentales, así como las medidas a implementar para garantizarlos, ya que las condiciones prevalecientes las convierten en sujetos en alto grado de vulnerabilidad.
La Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria señala que prácticas ilícitas como las denunciadas, en las que se presume extorsión, ponen en total riesgo la estancia segura en los penales, siendo obligación de la autoridad resguardar el orden y la integridad de las PPL; de ahí que ante la información publicada, personal de la Codhem se trasladó de inmediato al penal y derivado de la visita solicitó medidas precautorias para proteger a las denunciantes.
La Defensoría de Habitantes ratifica su postura respecto al deber del Sistema Penitenciario Estatal de adoptar medidas urgentes para proteger los derechos humanos a la integridad, a una vida libre de violencia, a la protección de la salud, al nivel de vida adecuado, al trabajo remunerado, a la vinculación social y, en particular, la obligación de las autoridades a velar por el interés superior de las y los menores que viven con sus madres en reclusión.
