Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
El memorable domingo 24 de noviembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador afirmó en Tlapa, Guerrero, que en los hechos y por las reformas realizadas hasta ese momento podía afirmar que ’ya hay una nueva Constitución’.
Días después, el coordinador de la mayoría de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, sutilmente lo corrigió al indicar que pues no, que no se podía hablar de una nueva Constitución, pero sí de un grupo de reformas que en buena medida comenzaban a dejar ver un importante rediseño del Estado mexicano.
Hasta ese momento, las reformas aprobadas desde diciembre de 2018 eran ya importantes: una permitía encarcelar sin fianza a funcionarios corruptos; otra más, prohibía la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes; una más, establecía como delito grave también el fraude electoral y sin duda, la más importante era la nueva reforma educativa que anuló la del Pacto por México y atribuida a Enrique Peña Nieto. Esta nueva reforma desapareció al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. La rectoría e implementación del Sistema de Carrera de los Maestros recae, se estableció, en la Federación.
Otras, fueron la de establecer el derecho constitucional del pueblo a la salud con medicamentos gratuitos y la de elevar a rango constitucional los beneficios sociales de pensiones a adultos mayores, a las personas con discapacidad y estudiantes pobres con beca, para estudiar en todos los niveles de escolaridad.
Y sin duda, las reformas de revocación de mandato y consultas ciudadanas.
Una importante fue la de extinción de dominio, para hacer uso legal de bienes patrimoniales de ilegítima procedencia o derivados de delitos, como la corrupción, delincuencia organizada, entre otros.
Y la reforma al 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa.
Ni que decir de la creación de la Guardia Nacional -lograda por unanimidad debido a un acuerdo Morena-bloque opositor en el Senado- que establecía, sería un cuerpo de carácter civil lo cual dio origen a 4 leyes nacionales: la nacional sobre el uso de la fuerza; la de detenciones; y la general del sistema nacional de seguridad pública.
De igual manera, en ese primer paquete estuvo la reforma sobre paridad de género, que impulsó la oposición en el Senado y que contó con el respaldo de Morena. La figura hace obligatorio el principio de paridad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, en los órganos autónomos y en los partidos.
Y la reforma al artículo 108 constitucional, que permite desde entonces proceder penalmente contra el Presidente de la República y amplía el catálogo de delitos por los cuales puede ser juzgado. También procede contra los integrantes del Congreso de la Unión.
De refilón se aprobó la reforma al 2 constitucional, que reconoce a las personas y pueblos afromexicanos.
Y la reforma sobre revocación de mandato y consulta popular, de la que 90 por ciento de su redacción fue elaborada por el bloque opositor en el Senado.
Con Calderón
En el primer año de Felipe Calderón (2006-2012) hubo 7 reformas constitucionales, 4 de ellas fueron:
1) reforma electoral del 13 de noviembre de 2007, que precisó el financiamiento público a los partidos políticos; estableció la anulación de las elecciones por rebase del tope de gastos de campaña y prohibió que los partidos o privados contrataran publicidad en radio y televisión.
2) Estableció la obligación de transparencia para que los ciudadanos pudieran tener acceso a documentos oficiales.
3) El 20 de junio de 2007 se modificó el artículo 73 de la Constitución para darle facultades al Congreso de legislar en materia de hidrocarburos.
4) El 19 de junio del mismo año se cambió el artículo 82 constitucional para obligar a los secretarios de Estado, al procurador General de la República (hoy fiscal), gobernadores o jefes de Gobierno del entonces Distrito Federal a que se separaran de sus cargos seis meses antes de la elección presidencial.
Con Peña Nieto
El primer año de Enrique Peña Nieto fue el más productivo de las tres últimas administraciones federales, al reformar 95 veces leyes, reglamentos, códigos, decretos y la Carta Magna.
El 2 de diciembre de 2012, un día después de rendir protesta, Peña Nieto, junto con los principales líderes de la oposición y los gobernadores, firmó el Pacto por México.
Uno de los cambios más importantes que se concretaron en el primer año del priista ocurrió el 26 de febrero de 2013, cuando se publicó la reforma educativa; sin embargo, ésta quedó derogada en la administración de López Obrador.
La segunda más relevante sucedió el 11 de junio de 2013, cuando se publicó la reforma a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Carta Magna. Se trató de la reforma en telecomunicaciones para bajar los costos de distintos servicios e incentivar la competencia.
Otra modificación fue la que se publicó el 19 de julio para otorgar libertades de conciencia y de religión y participar libremente en ceremonias de culto. El 30 de septiembre de 2013 se modificó el artículo 37 para que el Presidente, los senadores y diputados del Congreso y los ministros de la Suprema Corte puedan aceptar libremente y usar condecoraciones extranjeras.
Otra importante y que causó mucha polémica fue un nuevo diseño en la administración pública para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y llevar esta responsabilidad a Gobernación.
Los pendientes
Esta semana, Ricardo Monreal advirtió que el Congreso no puede continuar parado por la pandemia porque existe un importante paquete de iniciativas y reformas pendiente por demás importante para el país.
Es necesario, dijo, tramitar ya varias reformas al Código Penal Federal… y el aumento de penas por violencia familiar y las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Y una sobre violencia digital.
Están además, las reformas de armonización de las leyes secundarias, de la reforma constitucional en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: la corrupción, el fraude electoral, el ’huachicoleo’.
Y la ley reglamentaria de este 19 Constitucional que podría salir en un extraordinario o en el periodo ordinario.
Igual, la ley reglamentaria en materia de Revocación de Mandato, que no existe y que tenemos que expedir. Y 2 leyes educativas secundarias: la de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Así como la de la armonización del marco jurídico en materia de prohibición de condonación de impuestos.
Otras pendientes son, la de licencia de maternidad y paternidad, derechos de las personas migrantes y una más sobre regulación de plataformas digitales, y otra que aborda las terapias de conversión y presupuesto para refugios de mujeres víctimas de violencia, además de dictámenes en materia de seguridad social para cónyuges o concubinas, y también para concubinos del mismo sexo.
Igual, un paquete de pendientes en los que hay uno que por disposición de la Suprema Corte tenemos que legislar sobre el del uso de la marihuana.
Uno más tiene que ver con el Código Penal Federal para tipificar delitos en materia de discriminación racial y otro la legislación única en materia de proceso civil familiar, además de una reforma para reducir el financiamiento público a los partidos.
Entre los urgentes, están la reforma de ley general de economía circular; reformas a la Ley General de Salud, salud mental en materia de prevención del suicidio y la importantísima reforma integral al Poder Judicial.
Todo, parado por la pandemia que no permite un trabajo eficiente de comisiones y plenos legislativos.
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