Postigo
José García Sánchez
La transición política y administrativa en la Ciudad de México, pudo haber sido un diálogo cordial entre pasado y presente. No fue así.
La administración pública cambió a la mayoría de los titulares sin problemas; sin embargo, la posibilidad de que algo similar sucediera en las corporaciones policiacas crea, hasta la fecha, conflictos que se resisten a ser resueltos.
Los vicios enquistados en las instancias que deben proteger y defender a los capitalinos se fueron del lado de la delincuencia, donde al parecer les va mejor. Tienen como pretexto los bajos salarios y jefes que los extorsionan. Del lado oscuro tienen más dinero y ellos se encargan de extorsionar a la población con la garantía de que el cargo, la placa, el uniforme o el amigo les garantizan la impunidad.
Puede decirse que hay muchos intereses de por medio para soltar los espacios que en la práctica delictiva eran verdaderos bastiones y quieren mantenerlos como propios. Estos vicios que se habían vuelto práctica cotidiana en las diferentes corporaciones policiacas y todos sus niveles, ahora presionan al nuevo gobierno, a partir de la intensificación de los actos delictivos donde policías y delincuentes, de varios países de centro y Sudamérica incrementan el número de golpes a los capitalinos, con el objetivo de encontrar canales de negociación para que su impunidad no concluya.
Hay zonas clasificadas como propias de ciertos grupos que actuaban al cobijo de las autoridades de la capital o formaban parte de ellas. Las denuncias son púbicas pero no penales porque las víctimas temen represalias.
Como la que hicieron un par de personas denunciando hechos sucedidos a las 18:00 horas del miércoles 26 de diciembre, en las inmediaciones de la Plaza Comercial que se encuentra en Acoxpa y Miramontes, donde supuestos agentes federales adscritos a Contel, el Centro de Mando de la Policía Federal que se ubica en Periférico Oriente, en Iztapalapa, trataron de extorsionarlos. Los amenazaron con sembrarles droga y les robaron dinero y pertenencias.
Los supuestos policías estaban vestidos de civil y se transportaban en una camioneta Journey blanca de modelo reciente, tripulada por tres individuos. Quien manejaba el vehículo tenía 30 años aproximadamente y otros dos mayores de 50 años, quienes realizaban la tarea de amenazar durante ocho horas de traslados interminables, con llevar a las víctimas a la cárcel si no les daban dinero.
Estas acciones delictivas, en su gran mayoría impunes, no sólo se repiten sino que se intensifican conforme aumenta la presión hacia las nuevas autoridades.
La delincuencia en la Ciudad de México, actuaba con nexos muy estrechos de complicidad con varios niveles policiacos y políticos. La necesidad de una severa supervisión a las calles, y auditoría a muchos personajes implicados es urgente, porque tiempo no borra la memoria pero sí las evidencias.
A pesar de que la violencia no cerca a los capitalinos como en otras partes del país, la necesidad de una corporación que vaya más allá de los cercos de impunidad que mantienen algunas dependencias responsables de salvaguardar la integridad de la población, se vuelve prioridad para que el nuevo gobierno se asiente por completo y, sobre todo, los capitalinos tengan la certeza de que hay en cada uniformado un auténtico protector y no todo lo contrario.
