Ley represiva

La Ley de Seguridad interior nace de una incapacidad, las corporaciones policiacas prefirieron acercarse a los narcotraficantes que a sus jefes inmediatos, cuyos tratos despóticos y abusos los hicieron prácticamente huir o despreocuparse de sus funciones o bien utilizar el uniforme para alcanzar la impunidad en los hechos de complicidad con el crimen organizado.

El narcotráfico ofrece mejores salarios a los miembros de las corporaciones policiacas que en sus instituciones desgastadas por la corrupción, y no escamoteaban los recursos y prestaciones a la hora de indemnizar a los familiares si moría el policía cómplice.

Los policías incorporados a las filas del narcotráfico ya sea que dejaran sus empleos originales o dobleteaban actividades, tenían más certeza del empleo con los malos que con los buenos, porque en la línea vertical de los mandos policiacos están expuestos a encarcelamientos injustos, acuartelamientos de ficción, a labores que atentan contra la integridad de los ciudadanos, que muchas veces resultan ser sus familiares y amigos; en cambio, en las filas del narcotráfico iban contra enemigos reales, contra gente preparada igual que ellos. Sus enfrentamientos no son contra la sociedad inerme sino contra personas en igualdad de circunstancias, armadas y entrenadas.

Los salarios y prestaciones de los policías mexicanos son de risa comparados con los de otros países. Lo mismo sucede con las prestaciones laborales de los soldados, pero éstos aguantan más el maltrato de los superiores porque son extraídos de la miseria rural, mientras que los policías son incorporados de la pobreza urbana.

Es decir, el origen de la ineficiencia de los miembros de las corporaciones policiacas que abrieron las calles a los militares es un problema de estructura de gobierno, de sobrevivencia, no de lealtad. Los policías que se integraban a las filas del narcotráfico encuentran mejor trato, a pesar de todo, en las filas del narcotráfico que en los cuarteles de sus diferentes corporaciones, donde se les maltrata, discrimina, humilla, encarcela, tortura, etc.

Si quieren en realidad que la inseguridad desaparezca, deben cambiar radicalmente las estructuras de gobierno, pero toda la maquinaria de gobierno está ahora volcada para evitar que haya cambios en los resultados de las elecciones.

Esto quiere decir claramente que la Ley de Seguridad Interna no pretende erradicar el narcotráfico, mermar a la delincuencia común, o proteger a la población de la delincuencia común u organizada sino de detener la inconformidad social que puede tomar forma y convertirse en masas que protesten en las calles al ver violentados sus derechos cada día más.

Por su parte, los militares deben ser los primeros en aceptar que no están preparados para ser partícipes de una ley de seguridad interna debido a que todavía las tropas no están entrenadas para respetar los derechos humanos. D esto ha habido muchas pruebas. El caso muy sonado en 2007, cuando unos militares violaron hasta la muerte a una anciana en la sierra de Zongolica, los uniformados arrebataron videos y grabadoras a los periodistas con testimonios de su responsabilidad. Esto sucede en todo momento. Ahí está Tlatlaya, Palmarito, Ayotzinapa, etc.

No hay gremio más agresivo contra los periodistas, ni impedimento para realizar su trabajo que los militares. Ante esta realidad no es posible que le les regalen las calles para que ellos hagan lo que se les venga en gana.

Es una ley represiva que el propio Gustavo Díaz Ordaz vetaría.