Contexto Político
Por Efraín Flores Iglesias
Regular a los grupos de policías comunitarias y frenar el surgimiento de más grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, es un reclamo constante de los ciudadanos, ya que nadie puede estar por encima de la ley ni hacer justicia por mano propia.
A partir del año 2013 surgieron grupos de autodefensa en las regiones de la Montaña y Costa Chica de la entidad, mismos que fueron apoyados con recursos y armas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Fue en ese entonces cuando el nombre de Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cobró fuerza.
La UPOEG opera en localidades de Chilpancingo y Acapulco (territorios no indígenas), por lo que no encaja en la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena del estado de Guerrero. Y, peor aún, éste grupo de autodefensa se ha atrevido a retar a las autoridades estatales y federales, al retener funcionarios, bloquear carreteras y ordenar detenciones y cateos arbitrarios.
Asimismo, la UPOEG, el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y los grupos de autodefensas que operan en los municipios de Chilapa de Álvarez, Eduardo Neri (Zumpango), Leonardo Bravo (Chichihualco), Gral. Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Apaxtla de Castrejón, Teloloapan y San Miguel Totolapan han sido vinculados con la delincuencia organizada.
En un principio fueron bien vistos por los pueblos en donde tienen presencia, pues era evidente que las autoridades de los tres órdenes de gobierno descuidaron la seguridad y los criminales hacían su santa voluntad. El problema fue cuando se les permitió a dichos grupos armados instalar retenes en carreteras federales, privar de la libertad a cualquier persona y protagonizar balaceras a cualquier hora del día.
El pasado 20 de mayo, el grupo de autodefensa que opera en Petaquillas, municipio de Chilpancingo, privó de la libertad a los reporteros Fabián Ortiz Trigo, de la Agencia de Noticias IRZA y Pablo Maldonado Linares, corresponsal de Grupo Milenio. Al primero lo detuvieron por no portar una acreditación de su medio, y al otro compañero por ’pedir información’.
Todo se originó porque Ortiz Trigo documentaba un accidente automovilístico que se registró sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura de Petaquillas, y al ser abordado por los civiles armados vinculados al grupo delictivo ’Los Ardillos’ le pidieron mostrar su credencial de la empresa periodística en que labora y al manifestar que no la llevaba, fue detenido, lo esposaron, le arrebataron el teléfono celular y lo subieron a una camioneta.
Al ver esa situación, Pablo Maldonado, quien sí llevaba identificación como corresponsal de Milenio, también fue detenido por el simple hecho de preguntar la causa del por qué se llevaban al reportero de IRZA.
Afortunadamente un grupo de comunicadores se organizó para acudir al lugar de los hechos y exigir la liberación de los detenidos.
Los excesos cometidos por los grupos de autodefensa están claramente documentados.
Las policías comunitarias adheridas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) también enfrentan serios señalamientos por su forma de proceder.
A diferencia de la UPOEG y otros grupos de autodefensas, sí están amparados en la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena del estado de Guerrero, ya que se establecen en comunidades indígenas, pero a las personas que detienen les establecen condenas, trabajo forzado y vejaciones.
El negrito en el arroz de la CRAC es la policía comunitaria asentada en la cabecera municipal de Olinalá. Sí, la misma que creó y dirigió Nestora Salgado García, y que opera en territorio no indígena.
De entrada, Nestora Salgado no habla ninguna lengua indígena y es señalada de haber secuestrado a varias personas. Las denuncias ahí están. No es un invento.
Lo digo porque la ahora candidata de Morena al Senado, se indigna cuando le recuerdan los atropellos que cometió en su calidad de comandante en jefe de la policía comunitaria de Olinalá.
Ante las arbitrariedades cometidas por los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, algunos diputados locales se han pronunciado en realizar reformas a la Ley 701 y someter a los que estén fuera del marco de la ley.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Vicario Castrejón, ha sido muy claro en el tema.
’Nadie puede aplicar la ley, ni la justicia por mano propia, tenemos una Constitución General de la República, tenemos los códigos reglamentarios, el Código Nacional de Procedimientos Penales; se tendrán que aplicar las sanciones y someter a quienes estén fuera del marco de la ley’, dijo antes de llevarse a cabo el XII Parlamento Estudiantil 2018.
Y adelantó que después de la elección del 1 de julio se harán las reformas pertinentes a la Ley 701 para que los grupos armados que no estén dentro de territorios indígenas no se hagan pasar por policías comunitarios.
Estaremos atentos del tema.
ENTRE OTRAS COSAS… El candidato del PT a la Alcaldía de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, anunció que no declinará por Adela Román Ocampo, de Morena.
’No quiero declinar’, dijo tajantemente en una entrevista que concedió a una agencia de noticias de Acapulco. Algo similar manifestó en Tixtla el 9 de agosto de 2005 cuando se estrenaba como gobernador: ’Ni quiero, ni puedo, ni tengo porqué combatir el narcotráfico’.
Y cuando Zeferino no quiere, nada ni nadie lo baja de su burro. ¡Zas!
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