Ley mordaza y Dictadura

Todo indica que el mejor laboratorio de las intenciones de Morena para al fin imponer la dictadura, es Puebla, con un gobernador que no tiene el menor empacho en exhibir sus ambiciones autocráticas que pudieran garantizarle larga permanencia en el absolutismo fructífero, con todas las ambiciones satisfechas para el día que tenga que heredarlas.
Alejandro Armenta es el mismo mandatario que acusó a la constructora Grupo Proyecta de enriquecerse de los poblanos y de conminarla a donar un predio de dos hectáreas o de lo contrario le expropiaría el doble. La condicionó a cumplir con esta imposición despótica y abusiva en un mes, con la amenaza descrita. Es nada menos que otro morenista empoderado, que quiso emular a Hugo Chávez, campeón de las expropiaciones.
El político en cuestión fue priista toda su vida o desde muy joven, organismo político gracias al cual ocupó diversos cargos. Desde la alcaldía de Acatzingo, a los 23 años, hasta otros con el ’Gober Precioso’ Mario Marín Torres. En 2017, una vez que se agotaron las oportunidades dentro de ese organismo, se afilió a Morena como toda la inmensa cauda de oportunistas de todos los partidos y fue senador en 2018. Compitió por el gobierno de Puebla, pero perdió ante Miguel Barbosa. Se inconformó y también perdió ante los tribunales.
A finales de la semana pasada, el congreso local sometió a discusión una iniciativa para castigar con cárcel los insultos en las redes sociales, mediante la imposición de reformas a la denominada Ley del Ciberasedio y que fue aprobada fast track, para acallar las embestidas de una cuenta de X denominada Aldea Poblana, que opera de manera anónima y lanza críticas contra el gobernador Armenta y su gabinete. Obviamente, esto no gusta a ninguna dictadura.
Organizaciones civiles advirtieron que esa ley se usaría para violar derechos inherentes a la libertad de expresión de la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación, como anticipo de lo que ocurrirá en el Congreso de la Unión, cuando también tenga que discutirse la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, con miras a colocar un esparadrapo en la boca de los comunicadores que no comulgan con el régimen actual, a un paso de la dictadura.
El último reducto que aún queda de pie, es la prensa libre que se expresa en las redes sociales. Que ha insistido, en sus denuncias al pésimo gobierno que encabezó, primero el mascuspano. Secundado por una mala copia, en una representación demasiado burda de una Mandataria espuria que intenta imitarlo y no sabe cómo. ¡Vaya, ¡Ni esto le resulta!
De acuerdo con las denuncias de Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla, ’los delitos que quiere incorporar el gobierno incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión. Violentan el principio de taxatividad o certeza en materia penal y en su elaboración no han incorporado el ’expertise’ técnico de especialistas o la experiencia, para ser más claros y acordes con el español.
En noviembre de 2024, la iniciativa fue presentada por el entonces diputado local, José Luis Parra, hoy coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier. Tipifica delitos como el espionaje digital, usurpación de identidad, hacking (acceso no autorizado a un equipo o sistema) y grooming (adultos que establecen relación con un menor).
El laboratorio poblano insiste por segunda ocasión y deja ver que esto es lo que viene para de una vez por todas sepultar los regímenes del pasado que, aunque con muchas fallas, jamás se atrevieron a acabar con las libertades de los mexicanos. Ni siquiera en lo que se refiere a la de expresión.
Tuve oportunidad de escribir un editorial para Excélsior el mismo día en que el Presidente José López Portillo fustigó a los periodistas, que por cierto se publicó en primera plana. Al día siguiente y durante toda la semana, la inmensa mayoría de los diarios nacionales y de la provincia hicieron eco de esta protesta. Jamás se le ocurrió al Ejecutivo, urdir una iniciativa para censurarlos. Como hoy ocurre.
La Ley Mordaza que el actual gobierno pretende imponer, quiere, entre otras lindezas, anular concesiones de medios electrónicos mediante un acto a todas luces arbitrario. De esta manera, sólo permanecerán de pie los medios cooptados desde hoy, dedicados a vitorear y a alabar a sus socios allegados sin aportar un centavo, salvo los famosos chayotes que tanto han denostado.
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