Miedo y corruptelas de los sismos

Detrás del pánico, el terror y el miedo provocado por el fuerte sismo de ayer martes entre la población civil, estarían aflorando evidencias ligadas indiscutiblemente, a la corrupción. La cual se mide en este sentido, de solo dos formas: la mala calidad de las obras públicas producto de la asignación de contratos por tráficos de influencias en los gobiernos. Y la expedición de permisos por parte de las autoridades municipales, para construir viviendas particulares en zonas vulnerables por la ausencia de investigación sobre mecánica, deformaciones, comportamiento, fisuras, carga y uso de suelos. En esta lógica, es previsible que colapsen ante cualquier sismo, afectando de soslayo a terceros. Son historias muy parecidas a las del socavón en el Paso Express de Cuernavaca. Hay que situar algunas de ellas.
REGLAMENTOS QUE NO SE RESPETAN.- En Guerrero, hay un Reglamento de Construcción para los Municipios que data desde el periodo del ex gobernador, Rubén Figueroa Alcocer. Fue expedido en el Periódico Oficial, el martes 10 de mayo de 1994. Y el de Chilpancingo, la capital, fue promulgado por el ex alcalde tricolor, Reyes Betancourt Linares, en agosto de 1999. Desde entonces, nadie les mete mano. Ni cabildos municipales ni diputados locales. Se niegan a operar su actualización. Y esa negligencia administrativa y en la función pública, podría medirse a través de una serie de eventos desafortunados. Porque ninguno de esos reglamentos se respeta: 1.- Los edificios públicos y las carreteras se ponen a prueba con cada sismo. Si un edificio público colapsa, es una señal clara de que en su construcción, no se respetaron las normas básicas de su edificación. Si la carretera se parte en dos, es también la evidencia en el sentido de que la carpeta asfáltica fue tendida sin atender las reglas mínimas de calidad de la obra ni los respectivos estudios sobre movilidad, génesis y mineralogía de suelos. 2.- Los edificios públicos de los gobiernos federales, estatales y municipales, deben estar sometidos de forma permanente a la vigilancia de ingenieros especialistas en cargas y pesos. Porque es en esos lugares donde confluye un gran número de burócratas que ponen en riesgo su existencia por la ausencia de este tipo de supervisiones y evaluaciones. Y cuando ocurren sismos como el de ayer, dichas estructuras podrían derrumbarse. Con el consecuente saldo funesto y la obvia responsabilidad para los gobernantes. En esta vertiente juega un papel decisivo no solo la Secretaría de Protección Civil, sino también, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a cargo de Rafael Navarrete Quezada, quien no cuenta en su portal de la página web, con información precisa sobre sus atribuciones, alcances y responsabilidades. 3.- La Secretaría de Finanzas y los gobiernos municipales, cobran un impuesto por cada construcción que se realiza dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales. Aunque nunca supervisen la cimentación, la aptitud del suelo donde se construye, ni la calidad de la obra. Van exclusivamente por la recaudación. El dinero. Y esto desde luego, se mide con riesgos. En Chilpancingo por citar un ejemplo, el edificio particular del ex político priísta y perredista, Pioquinto Damián Huato, construido en pleno centro de la capital, genera amenazas permanentes para la población, que nadie quiere ver. Si llegara a colapsar por un sismo, desde luego que dicho propietario se negaría a pagar las desgracias humanas. Ahí, la responsabilidad sería compartida con las autoridades municipales y estatales que le otorgaron justamente, el permiso para construir. Pero hasta que se ahoga el niño, se tapa el pozo. Los sismos van a seguir provocando miedo. Pero también, destapando corruptelas.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Hasta la media noche del martes, la suma dolorosa de fallecidos por el sismo, acumulaba 147 decesos. Es en estos momentos de frustración, enojo, incertidumbre y dolor, cuando la nación mexicana une esfuerzos solidarios por encima de gobiernos. Y hasta en eso se vio rebasado el presidente Peña Nieto. En su propio detrimento político.