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Alberto Carbot
México Reabre el debate sobre la improvisación en áreas clave de la seguridad pública
La designación del exdiputado plurinominal Miguel Torruco Garza en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha generado cuestionamientos por la ausencia de una trayectoria vinculada con la seguridad pública o la prevención del delito.
Su carrera, ligada principalmente a la comunicación política y al activismo partidista, contrasta con la complejidad técnica del cargo que ocupa a partir de hoy Alberto Carbot La designación de Miguel Torruco Garza como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deja más preguntas que certezas.
Su trayectoria pública se ha desarrollado fundamentalmente en ámbitos políticos y de promoción institucional, sin que exista un historial profesional vinculado de manera directa con el diseño de políticas de seguridad pública, criminología, prevención del delito o reconstrucción del tejido social en contextos de violencia.
En un país que enfrenta una crisis persistente de seguridad, la conducción de áreas estratégicas exige experiencia específica, conocimiento técnico y trabajo previo en campo, elementos que en este caso no resultan evidentes en su perfil.
El problema no es únicamente la falta de especialización, sino el patrón político que su nombramiento parece reproducir: la incorporación de figuras cercanas al poder bajo esquemas de confianza personal o afinidad partidista, más que por trayectoria profesional acreditada en la materia.
Torruco Garza pertenece a una generación de cuadros políticos formados al amparo de redes familiares y partidistas, lo que inevitablemente alimenta la percepción de que ciertos espacios del aparato público continúan reservándose para perfiles que han transitado por cargos diversos sin construir una especialidad clara.
Nacido en la Ciudad de México en 1988, Torruco Garza es hijo de Miguel Torruco Marqués, quien fue secretario de Turismo del gobierno federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su formación académica se ubica en el terreno de la mercadotecnia y la comunicación: estudió Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana y posteriormente cursó una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública.
Sus estudios complementarios han estado ligados al marketing digital y a estrategias de comunicación política, campos útiles en la arena electoral, pero ajenos a la especialización que exige la seguridad pública. Su presencia en la vida política comenzó en el activismo estudiantil y en tareas de comunicación digital vinculadas al movimiento lopezobradorista.
Desde entonces su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el terreno de la promoción política y la organización partidista.
Ese recorrido lo llevó en 2021 a la Cámara de Diputados como legislador federal por la vía plurinominal, un cargo que consolidó su presencia dentro de la estructura política del partido gobernante.
Durante su paso por San Lázaro participó en diversas comisiones legislativas —Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Energía, Ciencia y Tecnología y Radio y Televisión—, pero su actividad parlamentaria no se concentró en temas de seguridad pública ni en políticas especializadas de prevención del delito. Como ocurre con muchos legisladores jóvenes que aún buscan construir un perfil temático, su agenda legislativa se mantuvo dispersa entre distintos ámbitos. Ese recorrido explica la inquietud que provoca su llegada a una subsecretaría cuyo mandato es enfrentar uno de los problemas más complejos del país.
La prevención de la violencia exige diagnósticos sociales rigurosos, experiencia en programas comunitarios, conocimiento de las dinámicas criminales y capacidad de coordinación con autoridades estatales y municipales. Son competencias que suelen formarse durante años en instituciones de seguridad pública o en programas de intervención social en zonas de alta conflictividad.
Un nombramiento imprudente
La Subsecretaría de Prevención de las Violencias no es una oficina protocolaria ni un espacio de representación política.
Su función consiste en diseñar estrategias que permitan reducir los factores sociales que alimentan la criminalidad: abandono escolar, reclutamiento juvenil por parte de organizaciones delictivas, deterioro del tejido comunitario y ausencia de oportunidades económicas en regiones marcadas por la violencia.
Convertir ese desafío en un terreno de aprendizaje político resulta una decisión imprudente. Más aún cuando el país atraviesa una etapa en la que la violencia criminal sigue condicionando la vida cotidiana de millones de mexicanos.
La prevención del delito exige conocimiento acumulado, experiencia territorial y capacidad técnica para coordinar programas complejos de intervención social. No se trata de una función que pueda improvisarse desde la lógica del marketing político o de la comunicación electoral. Por eso el debate que abre este nombramiento trasciende a la figura de Torruco Garza. La discusión se centra en el criterio con que se integran los equipos responsables de áreas sensibles del Estado. Cuando los cargos estratégicos se asignan a perfiles cuya trayectoria no guarda relación directa con las responsabilidades del puesto, la credibilidad institucional inevitablemente se resiente.
Resulta particularmente desafortunado que esta designación recaiga en una dependencia encabezada por Omar García Harfuch, quien hasta ahora ha proyectado una imagen de operador técnico con experiencia operativa en materia de seguridad.
Precisamente por ello, la incorporación de un perfil cuya trayectoria no guarda relación directa con los desafíos estructurales de la violencia corre el riesgo de debilitar la percepción de seriedad que el propio funcionario ha intentado construir.
Si la estrategia federal aspira realmente a consolidar una política eficaz de prevención del delito, ésta requerirá especialistas capaces de comprender la complejidad social del fenómeno criminal.
La seguridad pública no admite improvisaciones ni experimentos políticos. En un país que lleva décadas enfrentando violencia estructural, los nombramientos en esta materia deberían responder a experiencia comprobable y conocimiento técnico, no a trayectorias construidas en circuitos partidistas ajenos al problema que se pretende resolver.
Cuando los criterios de especialización se diluyen y los cargos se asignan por proximidad política o afinidad personal, el mensaje hacia la sociedad resulta inevitablemente inquietante. La seguridad pública no puede convertirse en un espacio de aprendizaje para cuadros políticos en formación. La experiencia política del país deja una lección constante: el costo de estos malos ensayos lo termina pagando siempre la ciudadanía.
