OSC’s promueven amparo contra Estado mexicano por su participación en política estadounidense que restringe acceso al asilo

Organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo contra la participación del Estado mexicano (Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional
de Migración) en las deportaciones de Estados Unidos a México de personas extranjeras con necesidades de protección internacional bajo Título 8.
El amparo busca que el gobierno mexicano deje de facilitar la transgresión del principio de no devolución del gobierno estadounidense, de la Constitución mexicana y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; publique oficialmente su política migratoria, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde octubre de 2022; y garantice la protección de las personas solicitantes de asilo en territorio mexicano.
De acuerdo con datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, del 11 de mayo al 24 de noviembre de 2023, el INM recibió a 19,561 personas solicitantes de asilo deportadas de Estados Unidos; 25% son mujeres y 1% niñez, nacionales de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano participa en violaciones a derechos de las poblaciones con necesidades de protección internacional. En diciembre de 2018 aceptó participar en el Protocolo ’Quédate en México’; en marzo de 2020 en Título 42; en enero de 2023 en CBP One y desde mayo de 2023 en Título 8 (’veda de asilo’) -políticas violatorias de la legislación estadounidense y mexicana. En todas estas medidas, Estados Unidos regresa a México a población no mexicana con necesidades de protección, algunas terminan deportadas por el gobierno
mexicano.
Desde la implementación de la "veda de asilo" estadounidense, las organizaciones hemos documentado casos de personas detenidas en EUA, deportadas a México, sin ser entrevistadas, además de la retención de documentos de identidad. A su llegada a territorio mexicano, las personas son entregadas a los agentes del INM para su detención y posterior transportación, vía aérea o terrestre, al sur del país, principalmente a Villahermosa, Tabasco, donde existen pocas organizaciones humanitarias.
El amparo, promovido por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), la Clínica para Personas Refugiadas ’Alaíde Foppa’ de la Universidad Iberoamericana y la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, destaca la falta de acceso al procedimiento de asilo en México y una evaluación insuficiente para determinar el nivel de temor y los tipos de peligros que enfrentan las personas una vez que son devueltas a territorio mexicano.
Desde octubre de 2023, el gobierno mexicano niega la emisión de su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, en franca transgresión a la Ley de asilo mexicana y la Ley de Migración, a quienes han solicitado asilo a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) dejando a las personas por meses, incluso años, sin documentación migratoria oficial. Mientras que el INM les restringe las tarjetas de residencia permanente a quienes han sido reconocidas como
refugiadas.
A un año del fin del Título 42 y la reinstalación del Título 8, las organizaciones buscamos que el Estado mexicano informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la protección de las personas solicitantes de asilo regresadas o deportadas a México desde Estados Unidos; publique oficialmente su política migratoria; y transparente las acciones de protección que lleva a cabo, toda vez que la documentación de casos muestran una franca transgresión a la Constitución mexicana, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y la Ley de Migración.