De la Ciudad
Guillermo Pimentel Balderas
Firman convenio de coordinación interinstitucional
En Bacalar, Quintana Roo, se organizan para frenar la deforestación en la Península de Yucatán. Mediante un convenio interinstitucional la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), se comprometen a fortalecer la protección de los recursos
Estas dependencias firmaron (este 23 de marzo) en el Ejido Bacalar, un convenio de colaboración que permitirá coordinar acciones en materia ambiental y agraria, particularmente en núcleos agrarios de la Península de Yucatán.
Se destaca que el acuerdo busca prevenir el cambio ilegal de uso de suelo forestal y otras actividades que afectan los ecosistemas, mediante el intercambio de información, la orientación a los sujetos agrarios y la adopción de medidas que eviten la consolidación de actos agrarios vinculados con daños al ambiente.
Entre las acciones previstas en el acuerdo, la Profepa informará a la PA y el RAN sobre las resoluciones firmes en las que se determine la realización de cambio de uso de suelo forestal sin autorización.
Es de comentar que durante el evento se explicó que se ha hecho una práctica común el arrendamiento o venta de tierras de propiedad social que son desmontadas de manera ilegal para una agricultura intensiva.
Posteriormente, se formalizan los cambios de dominio a pesar de que en esas tierras se cometieron ilícitos. Entonces, se asegura que con este convenio se le cierra la puerta a este tipo de procesos.
En la reunión se recordó que en años recientes, distintas regiones del sureste han enfrentado procesos de deforestación asociados a la expansión de actividades agropecuarias y al cambio irregular de uso de suelo, lo que ha generado presión sobre ecosistemas de alto valor ambiental.
Inclusive, en algunos casos, se afirma, estas transformaciones se relacionan con asentamientos y actividades productivas de comunidades agrarias que se han establecido en la región y han llevado a cabo el desmonte ilegal de miles de hectáreas de selvas para la apertura de cultivos agroindustriales.
Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario en su participación destaca que no se entiende la Península de Yucatán sin sus ejidos y comunidades, pero hoy ese mismo territorio —donde hasta el 84.3% de la tierra es propiedad social en Quintana Roo— enfrenta una presión sin precedentes: deforestación masiva, acaparamiento ilegal y un modelo que ha permitido que unos cuantos concentren miles de solares a costa del patrimonio colectivo. ’Esta realidad ilegal exige coordinación interinstitucional para frenar la deforestación y defender la tierra’, precisa.
Asimismo, el titular de la PA indica que con la entrega de resoluciones de Profepa sobre cambio ilegal de uso de suelo forestal al RAN, éstas serán inscritas en el Registro Agrario para que no se formalicen cambios de dominio y destino de tierras ejidales y comunales.
En resumen, este compromiso por escrito es una respuesta a lo que está ocurriendo en el territorio y una señal clara de que proteger la tierra también es dar certeza jurídica, prevenir conflictos y acompañar a las comunidades.
Lo verdaderamente importante es que este acuerdo se traduzca en acciones concretas que se vivan en el territorio y fortalezcan a ejidos y comunidades, se destaca en el evento.
Dice mi abuelita: ¡Me rechoca vivir mis últimos años con una sociedad idiota y agachona!
