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Aprueban en el Estado de México gobierno de coalición
+Pacto del INFONAVIT y Gobierno de Coahuila pata vivienda

La CSI ha acogido con satisfacción una publicación muy esperada del Banco Mundial sobre la protección social universal, sin embargo, alberga algunas importantes reservas sobre algunos de sus mensajes políticos y el rigor de su análisis.

Charting a Course Towards Universal Social Protection: Resilience, Equity and Opportunity for All (Trazar el rumbo hacia la protección social universal: resiliencia, equidad y oportunidad para todos), también conocido como Compás (brújula) de la Protección Social y el Trabajo, publicado el 29 de septiembre, establece la posición del Banco sobre cómo deben reformarse y ampliarse los sistemas de protección social y esboza las prioridades del trabajo del Banco en este ámbito para los próximos años.
Garantizar la protección social universal es una prioridad de la CSI y del movimiento sindical internacional en su conjunto desde hace mucho tiempo. La CSI comparte los objetivos del informe de fomentar una mayor equidad, resiliencia y oportunidad, y está de acuerdo con el Banco en que la ausencia de protección social para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo en la economía informal es un reto que debe abordarse con urgencia.
La CSI también acoge con satisfacción el hecho de que el Compás haga hincapié en la necesidad de mejorar la adecuación de las prestaciones para garantizar medios de vida adecuados para los trabajadores y las trabajadoras, así como la disponibilidad y la calidad de los servicios clave, en particular los servicios de atención y cuidado para los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad.
La CSI aprecia la atención que presta el Compás en la necesidad de reforzar la financiación de la protección social, tanto en el plano nacional como internacional, y reconoce que el Banco Mundial es uno de los mayores proveedores de ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a la protección social; una ayuda que ha aumentado sustancialmente en los últimos años.
Normas internacionales
No obstante, la CSI alberga profundas reservas sobre algunos de los mensajes políticos del Compás, así como sobre el rigor del análisis que sustenta algunas de las propuestas.
En particular, lamentamos que la visión de la ’protección social universal’ presentada por el Banco parezca desviarse de las normas internacionales del trabajo y de las interpretaciones acordadas internacionalmente en relación con este concepto.
La visión del Banco sobre la protección social universal parece dar prioridad a la ampliación de la asistencia social selectiva y no contributiva en detrimento de la seguridad social, especialmente las pensiones.
Además, la CSI está profundamente preocupada por el papel que parece desempeñar la financiación privada en el Compás, así como su insistencia en los regímenes voluntarios y privados, que parecen ser considerados como una ’alternativa’, y no como un complemento, a la seguridad social pública.
Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, subrayó a este respecto: ’La protección social es un derecho humano reconocido internacionalmente, e incumbe a los Gobiernos la responsabilidad integral de dar acceso a este derecho. No pueden transferir sus responsabilidades al sector privado. El Banco debería apoyar los esfuerzos mundiales en favor de la protección social universal, que tan urgentemente necesitan los 4.000 millones de personas que carecen de cualquier tipo de apoyo’.
A pesar de la importante contribución del Banco Mundial a la financiación de la protección social en los países en vías de desarrollo, el Compás no proporciona ninguna indicación sobre la manera en que el Banco podría contribuir a la financiación y aplicación del Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas de la ONU.
El Compás tampoco menciona el potencial que ofrece un Fondo Mundial de Protección Social para movilizar y coordinar la financiación internacional de la protección social, a pesar de los debates internacionales en curso sobre la creación del fondo y el amplio apoyo público de las organizaciones sindicales, las organizaciones de la sociedad civil y varios Gobiernos.
APRUEBA CONGRESO MEXIQUENSE GOBIERNOS DE COIALISION
Por mayoría de votos, el Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Electoral para que, en el caso de una coalición o candidatura común para postular a personas candidatas a gobernador o gobernadora, los partidos políticos puedan suscribir un acuerdo que establezca la forma en que participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y organismos auxiliares y en la definición de agenda legislativa, además de que expidió la Ley de Gobiernos de Coalición Reglamentaria de los artículo 61 fracción LI y 77 fracción XLVIII de la Constitución Política local.
Al exponer los dictámenes, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI) precisó que las reformas al Código Electoral indican que el acuerdo deberá ser suscrito por la persona candidata y dirigentes estatales de los partidos involucrados, con la aprobación de sus órganos directivos estatales, y presentarse ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en los plazos previstos, además que, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales solo será procedente el recurso de apelación que podrá se interpuesto por los partidos políticos ante el incumplimiento del acuerdo.
En cuanto a la citada Ley Reglamentaria, define que el gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y un régimen plural de corresponsabilidad en el ámbito legislativo y ejecutivo conformado por el partido que postuló al gobernador (a) y a uno o varios partidos cuya suma alcance una representación parlamentaria en la Legislatura mexiquense.
Añade que, cuando el gobernador (a) opte por crear un gobierno de coalición, elaborará en conjunto con el o los partidos que constituyen la coalición el convenio y programa en el que se fijen la orientación de sus prioridades legislativas, políticas públicas y los compromisos de gobierno.
El gobierno de coalición podrá disolverse por decisión de los partidos que la conforman, por actualizarse algunas de las causas previstas en el convenio, por la salida de uno o más partidos políticos de la coalición que implique la pérdida de la mayoría parlamentaria.
Adicionalmente, la persona titular de la gubernatura enviará a la Legislatura el proyecto del programa y del convenio para su aprobación, y el nombramiento de las y los servidores que integraran el gobierno de coalición. Una vez que la Legislatura lo apruebe, ratificará los nombramientos que haga el Ejecutivo de las personas servidoras públicas del caso. De no ser aprobados los nombramientos, dichas personas deberán dejar sus cargos, y el Ejecutivo, en un plazo de diez días hábiles someterá a la Legislatura una nueva propuesta.
Durante la discusión del dictamen, en contra de las reformas, el diputado morenista Daniel Andrés Sibaja González anunció que las impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia por ser inconstitucionales, en tanto que las y los diputados Isaac Martín Montoya Márquez, Faustino de la Cruz Pérez y Carmen de la Rosa Mendoza expresaron la postura en contra del grupo legislativo de Morena, mientras que a favor participó el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador legislativo del PRD.
Con el voto en contra del grupo legislativo de Morena, el dictamen integra las iniciativas que presentaron por separado la diputada Ingrid Schemelensky Castro, y los legisladores Enrique Vargas del Villar y Adrián Juárez Jiménez, del PAN; así como las legisladoras María Elida Castelán Mondragón, y Viridiana Fuentes Cruz, y el diputado Omar Ortega, del PRD.
INFONAVIT Y GOBIERNO DE COAHUILA COLABORAN PARA OFRECER VIVIENDA SOCIAL ECONÓMICA
Con los objetivos de garantizar el acceso de las y los coahuilenses a una vivienda adecuada y darles seguridad jurídica sobre su patrimonio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmó un convenio de colaboración con el Gobierno de Coahuila y los municipios de Acuña, Piedras Negras, Saltillo y Torreón, para facilitar la recuperación de vivienda abandonada y la regularización de escrituras.
Como parte de dicho acuerdo, el Infonavit podrá pagar directamente y sin intermediarios las deudas de agua y predial de los inmuebles que recupera y utilizarlos para atender con vivienda de menor precio las necesidades de las familias que menos tienen y más lo necesitan.
En lo que va del sexenio, a través de los distintos esquemas para la recuperación de vivienda que implementa el Infonavit, en Coahuila se ha beneficiado a 422 personas con la comercialización de este tipo de casas, por un monto de 74 millones de pesos.
Asimismo, también se agilizarán los trámites administrativos y fiscales relacionados con la regularización de escrituras, atendiendo una demanda histórica de las y los trabajadores, que buscan proteger a sus familias, a través de tener seguridad jurídica sobre su patrimonio.
Durante la firma del convenio, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, señaló que con este convenio pronto se podrán atender la necesidad de vivienda de los coahuilenses con vivienda económica.
’Así es el Infonavit de la Transformación que estamos construyendo. Pone primero a la clase trabajadora y atiende sus necesidades reales para que puedan consolidar su patrimonio familiar’, dijo.
En su intervención, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que la coordinación interinstitucional entre las partes involucradas que permiten a Coahuila dar un gran paso y ser ejemplo en el país.
Conminó a las autoridades municipales participantes en el convenio, a agilizar los trámites correspondientes para que en el corto plazo las viviendas recuperadas puedan ofrecerse a quienes las requieran.
’Hoy Coahuila se pone de nueva cuenta a la vanguardia’, refirió y destacó que la formalidad laboral que tiene el Estado demanda mayor número de viviendas dignas y accesibles para la clase trabajadora.
Con estas acciones, el Infonavit ratifica su compromiso por recuperar el sentido social del Instituto, poniendo a los trabajadores al centro de todas sus acciones, y corregir los errores del pasado, ocasionados por una política expansiva de vivienda.
En la firma del convenio estuvieron presentes los alcaldes de los municipios de Acuña, Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor; Piedras Negras, Norma Lucille Treviño Galindo; Saltillo, José María Fraustro Siller, y Torreón, Román Alberto Cepeda