Lectura Política
Noé Mondragón Norato
Las venganzas políticas forman parte del folclore y la cultura política que no se han ido del país. Permanecen más vigentes que nunca. Y de fondo aparece de nueva cuenta la misma película de siempre: el enorme endeudamiento y la corrupción que campearon en las administraciones municipales salientes. Pero eso no es privativo de ellas. Cunde tanto en administraciones estatales y hasta en la presidencia del país. Hay que ir por partes.
CASTIGO EN MEDIOS, NO EN TRIBUNALES.- Una costumbre muy arraigada de los políticos es que mientras abordan el poder como autoridades entrantes, encuentran todo tipo de irregularidades en las administraciones de quienes les entregaron. Cacaraquean emergencias financieras. Gritan endeudamientos millonarios de sus antecesores. Los linchan en los medios de comunicación. Y esta fiesta de acusaciones y defensas, seguirá latente mientras no ocurra algo fundamental: una legislación dura y a fondo que obligue a los ediles, gobernadores y presidentes del país electos, no ha conformarse con linchar en los medios a las presumibles autoridades corruptas, sino con pruebas en mano, fincarles responsabilidades penales. Requisarles todas sus propiedades mal habidas. Y confiscarles las millonarias cantidades invertidas en negocios personales o en paraísos fiscales. El país no puede seguir apelando al ’borrón y cuenta nueva’ que lo han sumido en crisis recurrentes. Y convertido a la política en un auténtico botín. Se lee así: 1.- Apenas el pasado domingo, asumieron funciones como autoridad municipal los 81 ediles de la entidad. Pero con dos en particular hubo toda una estrategia mediática y de poder, para operar sus linchamientos: el edil perredista de
Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y el de la capital, el priísta Marco Antonio Leyva Mena. El punto final del asunto consiste en quemarlos como políticos. Exhibirlos ante la opinión pública. Quitarles plusvalías electorales para que no regresen a la vida pública. Pero el punto quemante es justamente ese: el gobierno estatal tiene bajo control político la Contraloría General del Estado, que puede indagar las cuentas públicas de los ediles. Y del Congreso local depende la Auditoria Superior del Estado (ASE), quien es la instancia fiscalizadora que se encuentra más cerca de las finanzas de los ediles. Si el punto es acusar de corruptos a muchos alcaldes ¿Por qué entonces no ocurre su detención ministerial después del proceso de entrega-recepción, si dichas instancias ya cuentan previamente, con el informe del manejo financiero de esas cuentas públicas? ¿No es acaso la puesta en marcha de un circo político más y una maniobra distractora para ubicar ’buenos’ y ’malos’ en un entramado de poder que ya está contaminado y que inocula de algún modo, a todos por igual? 2.- El exgobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo, acusó de millonarios desvíos de recursos a su antecesor priísta y hoy diputado federal, René Juárez Cisneros. Entre la Secretaría de Salud -cuya titularidad encabezó Verónica Muñoz Parra, actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local- y el Invisur, la cantidad no comprobada alcanzaba más de 50 millones de pesos. Cuando Zeferino se fue, el gobernador entrante, Ángel Aguirre Rivero, lo midió con ese mismo rasero. Y para cuando el interino, Rogelio Ortega Martínez, le entregó la estafeta al actual Héctor Astudillo, éste lo acuso de no comprobar millonarias cantidades de recursos. Pero no pasó nada. Todos esos escándalos se quedaron plasmados en los medios de comunicación. Nunca se procedió penalmente contra ninguno de ellos. Y se entiende que, para cuando el actual gobernador Héctor Astudillo se vaya y arribe eventualmente un opositor, también ocurra lo mismo. De lo que se trata es de
chamuscar con fuerza a los adversarios políticos. Ahora no solo en los medios de comunicación tradicionales, sino en las redes sociales. ¿Cambiará esta cultura con el arribo de AMLO a la presidencia del país? ¿O seguirá explotándose como útil herramienta de desprestigio político, pero sin tocar a ninguno de los presuntos responsables de los desfalcos y los peculados, incluidos no solo los exalcaldes, sino también los exgobernadores y expresidentes del país?
HOJEADAS DE PÁGINAS…Y para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Se reflejó con claridad en la efímera toma del palacio municipal de Acapulco ayer lunes, por parte de la diputada federal, Rosario Merlín García y del legislador local, Moisés Sandoval Reyes. Ambos del Morena. Demandaron obras y beneficios para sus adherentes. Y sentaron a negociar a la alcaldesa Adela Román, de ese mismo partido. Al final hubo tacos de carnitas y refrescos para todos. Qué tal.
