Miscelánea, salud y política
Judith Álamo López
La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas: Albert Camus
Tiempos difíciles para el mundo y para México, hay premisas que advierten del peligro de permitir los gobiernos de un sólo hombre, aquí y en Rusia, hay indicios de que por ambiciones personales de mantenerse y agrandar su poder --guardadas las proporciones-- los presidentes de ambas naciones actúan en contra de los intereses del pueblo que se comprometieron a gobernar con respeto a sus libertades, derechos y obligaciones.
Hay temor allá y acá. Allá porque 137 mil civiles han sido requeridos mediante decreto para luchar en una guerra en la que no creen, pero Vladimir Putin decidió que es momento de recuperar su hegemonía política regional. Acá, quieren militarizar el país, preocupa que no sea para combatir la terrible inseguridad, para ello se necesitaría una estrategia.
No, eso no les preocupa, quieren consolidar una autocracia, cuando menos seguir en el poder otro sexenio, para consolidar un proyecto que sólo conoce su inspirado y amado líder.
Por eso el debate que se efectuó este miércoles 21 de septiembre en el Senado de la República fue de gran importancia, destacó el discurso del senador panista Damián Zepeda Vidales, quien llamó al pleno a votar en contra y "no ser cobardes frente al poder que usa en forma política la justicia", refiriéndose a cómo se obtuvieron los votos de los diputados del PRI, y enfatizó que con más de 120 mil homicidios "hoy México está bañado en sangre y esa estrategia no es la solución".
Algunos rostros adustos como el de Gustavo Madero del PAN revelaban la preocupación real, o las palabras de Beatriz Paredes del PRI, quien adelantó que votaría en contra y resaltó la necesidad de corregir la estrategia errónea y centralizadora actual, sin embargo dijo estar a favor de que se mantenga la presencia del Ejército bajo mandos civiles, con respeto a los derechos humanos.
Al parecer faltaron votos de apoyo a la propuesta priísta-morenista, para lograr la aprobación de la reforma constitucional (necesitaban dos terceras partes del quórum), por eso el bloque oficialista senatorial (Morena, PT, PVEM) decidió regresar el dictamen a las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, mismas que lo elaboraron, a fin de "tener mayor tiempo para el análisis".
Los reflectores sobre el senador Ricardo Monreal, coordinador senatorial morenista, y su pretendida independencia, revelaron que cedió, aunque explicó que "por racionalidad" y otras razones apoyaba la iniciativa promovida por el presidente López Obrador. Insistió en que sólo se trata de extender el plazo de la presencia militar por cuatro años más: de marzo de 2024 a marzo de 2028.
Calificó de imprescindible la permanencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, y fue él quien propuso al pleno, en primera instancia, regresar la iniciativa a comisiones a fin de ampliar el consenso, incluir la rendición de cuentas y fijar controles parlamentarios.
Un lapsus del presidente senatorial, Alejandro Armenta, metió más ruido a la confrontativa sesión, pues al revelar la llegada de un oficio a las 12:27 y darlo a conocer dos horas después, con dos números diferentes (6084 y 6096) sembró confusión e hizo que el debate se alargara porque la ley prohíbe someter dos veces a votación la misma moción.
En la andanada de discursos en contra participaron legisladores del PRD, PAN, PRI y por el Movimiento Ciudadano el senador Dante Delgado, quien denunció presiones, agravios y ofensas de los titulares de Gobernación, SEDENA y Marina contra la autonomía del Senado "para pretender doblegar la conciencia de los senadores’ y vencer el bloque de contención contra la reforma constitucional, pero "no lograron su propósito".
En un más o menos rápido control de daños, se pidió en votación económica quiénes estaban por la afirmativa, luego de un coreado Sí, y sin respuesta en contra, se regresó el dictamen a comisiones. Se citó a la próxima sesión el martes 27 de septiembre y se dio por concluida esta, a las 3:30 p.m., bajo el grito de la oposición de: ¡tramposos, tramposos!
El bloque opositor celebró como si hubiera obtenido un triunfo. ¿Será? Ojalá. Ya veremos que ocurre dentro de los próximos 10 días hábiles, plazo establecido para volverla a someter al pleno avalada por la mayoría de quienes la suscriben, integrantes de las comisiones dictaminadoras.
Atentos estaremos a las acciones de este gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación y observamos incurre en la peor regresión histórica, hace que cunda el temor entre la opinión pública pro libertades democráticas y derechos humanos al trascender que hay amenazas a los estados de dejarlos sin apoyo militar para combatir a la delincuencia si no apoyan la reforma constitucional.
Existen evidencias de las presiones y ofrecimientos para que opositores voten a favor de la reforma con fuerte respaldo gubernamental, como fue la renuncia del senador yucateco Raúl Paz a su militancia blanquiazul y su inmediata incorporación a Morena en la víspera de la sesión definitoria en la cámara alta. A otros legisladores se les amenaza con sacar sus trapitos al sol, esto es hacerles juicios (civiles, penales, fiscales, etc.) si no votan a favor de la iniciativa.
Recordemos que la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa que modifica el Artículo 5o. transitorio de la Constitución para extender hasta el 2028 el periodo en el que el Presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.
Esta reforma constitucional ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con el apoyo de la diputación del PRI, se interpreta que el diputado Alejandro Moreno, presidente del PRI, se dobló antes las amenazas gubernamentales de enjuiciarlo por varios delitos --previo juicio de procedencia de desafuero-- y logró convencer a los diputados del Revolucionario Institucional con el apoyo del coordinador de ellos, Rubén Moreira.
Pero la iniciativa constitucional para ser ley necesita todavía ser aprobada por el Senado y luego por la mitad más una de las legislaturas estatales (17 de las 32).
Esta iniciativa tendría efectos dañinos al prolongar el estado actual de inseguridad a causa de que la política actual de seguridad gubernamental ha empoderado a la delincuencia organizada que provoca violencia, muertes y delitos graves en forma creciente, sin precedente, por eso el gobierno de López Obrador es el más sangriento y violento en la historia del país, como lo muestran las estadísticas.
El gobierno de la 4T soslaya empezar por revisar su estrategia de seguridad pública fallida, como asunto de urgencia nacional, con la concurrencia de quienes saben sobre el tema. Hasta ahora los únicos efectos positivos de la política de "Abrazos no balazos" son las risas a causa de un puñado de chistes negros.
Es cierto que, por unanimidad, las fracciones partidistas integradas en el Congreso de la Unión, en 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, le dieron carta blanca a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, pero fue sólo por un plazo de cinco años, periodo en que debiera ocurrir la transición para que con apoyo militar se construyera una Guardia Nacional de naturaleza civil, robusta, capaz y eficiente en el combate de delincuencia con respeto a los derechos humanos.
Pero, el gobierno federal a año y medio de que se cumpla el plazo elude dar cuentas del compromiso asumido hace más de tres años de fortalecer, capacitar y conformar a un cuerpo que debiera convertirse en una Guardia Militar Civil, además, contrario a su compromiso hecho desde su campaña, el presidente López Obrador dice que ya cambió de opinión y ahora si está a favor de la militarización, quizá por eso en lugar de dotar de mayores y mejores recursos a policías estatales y municipales, las debilitó quitándoles recursos, apoyos y atribuciones.
El plazo para hacer la entrega de la Guardia Civil se cumplirá en marzo de 2024, pero el gobierno de López Obrador echó a andar la maquinaria del Estado para prolongar la presencia militar en las calles hasta marzo de 2028.
El consenso opositor es que no se establezca en la Constitución la permanencia y preeminencia del mando militar, que continúen participando en seguridad pública con la acotación de un mando civil hasta que cumpla el gobierno actual con preparar a los elementos de la Guardia Nacional como policía de seguridad pública. Nadie quiere dejar en estado de indefensión a los habitantes del país.
Insisten los partidarios de la reforma en que la Guardia Nacional dependiente de SEDENA mantendrá mando civil, dado que dependen del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, nuestra máxima autoridad civil, el presidente de la República.
Bueno, eso francamente no es ninguna garantía, dado lo voluntarioso que es nuestro presidente en la toma de decisiones, lo renuente a escuchar a especialistas o subalternos y, especialmente lo negado a corregir lo que a todas luces no funciona.
Y ni hablar de su iniciativa de paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania enviada a la ONU, creo que nuestro primer mandatario debe seguir su consejo, ese de que la mejor política exterior es la política interior, y que los posicionamientos en política exterior se los deje a los expertos en el servicio exterior, consejo también para el canciller, Marcelo Ebrard, quien acaba de cometer un desliz al tomarse una selfie en los funerales de la reina, parece que la vanidad le hizo olvidarse del protocolo a cumplir como representante del pueblo mexicano en el Reino Unido.
